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La presente Bitácora esta a cargo de JOSÉ MARÍA PACORI CARI, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad José Carlos Mariátegui en el Perú, Socio de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Miembro de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, Articulista en el Suplemento La Gaceta Jurídica del Diario La Razón en Bolivia, Colaborador en la Revista Administración & Control del Perú, Abogado especialista en Derecho Administrativo y Derecho Laboral.

Video of the Day

26/11/18

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PENSIÓN DE ORFANDAD EN EL DERECHO PREVISIONAL

PENSIÓN DE ORFANDAD EN EL DERECHO PREVISIONAL
José María Pacori Cari
Socio de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

Se muestran los supuestos en los que se otorga esta pensión, más los beneficiarios de la misma.




25/11/18

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EL DICTAMEN FISCAL EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

EL DICTAMEN FISCAL EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
José María Pacori Cari
Miembro de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo

DICTAMEN FISCAL EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, la emisión de este dictamen responde a la necesidad de la defensa del interés de la sociedad cuando sea necesario a cargo del Ministerio Público (Autor José María Pacori Cari)


A continuación un vídeo que explica la importancia del Dictamen Fiscal en lo contencioso administrativo



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LA SENTENCIA ULTRAPETITA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Se demuestra la posibilidad de emitir una sentencia que no observa el clásico principio de congruencia (AUTOR José María Pacori Cari)


A continuación le ofrecemos el vídeo de explicación de la sentencia ultrapetita en lo contencioso administrativo



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¿CUÁL ES LA FINALIDAD DEL PROCESO DE EJECUCIÓN?

¿CUÁL ES LA FINALIDAD DEL PROCESO DE EJECUCIÓN?
Compilador José María Pacori Cari

La finalidad del proceso de ejecución es hacer realidad y efectiva la sentencia o títulos de ejecución que contienen obligaciones, esto se verifica de la Casación 2928-2016 ICA emitida por la Sala Civil Transitoria que en su sumilla indica 

El proceso de ejecución no está destinado a obtener declaración alguna de derechos sino que tiene por objeto hacer efectiva una obligación que aparece consignada en determinado título al que la ley presume legitimidad.

En efecto, el considerando sexto indica lo siguiente:

El proceso ejecutivo es una modalidad del proceso de ejecución que se promueve en virtud de un título valor a los que la ley le concede merito ejecutivo, en consecuencia lo que se pretende en este proceso es que se haga efectiva la obligación que consta en el documento y no declarar derechos dudosos o controvertidos, dado que en este caso no puede analizarse las relaciones internas entre las partes sino solo lo que emana del documento. De ello podemos inferir que el proceso de ejecución no es un proceso declarativo puesto que lo que pretende es que se despache la ejecución y se realicen los actos procesales precisos para llegar hasta el final de la ejecución para lo cual el mandato ejecutivo, dispondrá el cumplimiento de la obligación contendía en el título bajo apercibimiento de iniciarse la ejecución forzada.
A continuación el texto completo de la jurisprudencia, puede también tocar la imagen



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BIENES DE LA SOCIEDAD SON DISTINTOS DE LOS BIENES DE LAS PERSONAS QUE LA CONFORMAN

BIENES DE LA SOCIEDAD SON DISTINTOS DE LOS BIENES DE LAS PERSONAS QUE LA CONFORMAN
Compilador José María Pacori Cari


Los bienes de la sociedad (persona jurídica de derecho privado con fines de lucro) son distintos de los bienes de la personas que conforman la sociedad, esto se verifica de la Casación 120-2017 Lima emitida de la Sala Civil Permanente que en su sumilla indica:

Persona Jurídica.- No se puede confundir los bienes de la sociedad con los bienes de las personas que la conforman, pues se tratan de sujetos de derecho distintos.

Asimismo, en el considerando cuarto de esta Casación se indica

De lo expuesto se observa una línea de transferencias que en ningún caso coloca al demandante como propietario del bien, no pudiéndose confundir los bienes de la sociedad con los bienes de las personas que la conformaban, pues se tratan de sujetos de derecho distintos, de forma tal que los activos patrimoniales de la empresa no se integran con el patrimonio del demandante, por cuanto al nacer una persona jurídica surge un nuevo sujeto de derechos y deberes, generándose una autonomía jurídica entre la personalidad de está y la de sus integrantes, por lo que los miembros de la persona jurídica no tendrían derecho al patrimonio de esta, así como tampoco se encuentran obligados a satisfacer sus deudas.
A continuación la jurisprudencia, toque la imagen también para descargar:



18/11/18

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EL GRUPO ECONÓMICO COMO EMPLEADOR

EL GRUPO ECONÓMICO COMO EMPLEADOR
José María Pacori Cari
Socio de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

En la relación laboral encontramos al trabajador y al empleador, este último puede ser una persona jurídica o natural, sin embargo, un conjunto de personas jurídicas sin ser una persona autónoma pueden ser empleador como es el caso del grupo económico (Autor José María Pacori Cari)




11/11/18

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PRINCIPIO DE FAVORECIMIENTO DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

PRINCIPIO DE FAVORECIMIENTO DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Compilador José María Pacori Cari


Uno de los principios que sustentan el proceso contencioso administrativo es el de favorecimiento que tiene por finalidad garantizar el derecho de acción de los administrados, tal como se puede verificar en la Casación 18355-2016 Lima (Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente) que indica en su sumilla:

“Las instancias inferiores debieron tener en consideración que el acto procesal de calificación de la demanda, implica una primera calificación por parte del órgano Jurisdiccional, que evalúa los presupuestos procesales y de las condiciones de la acción de la demanda; siendo que además, en concordancia con el principio de favorecimiento del proceso, previsto en el numeral 3 del artículo 2 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 – Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, cuando el Juez tenga duda razonable sobre la procedencia o no de la demanda, deberá preferir darle trámite a la misma, a efecto de privilegiar el derecho constitucional al acceso a la jurisdicción”.

Asimismo, en el cuarto considerando se indica lo siguiente:

CUARTO: En relación al derecho de acceso a la jurisdicción, como uno de los componentes del derecho a la tutela jurisdiccional y el debido proceso, debe destacarse que éste implica la garantía de que los ciudadanos puedan acceder a los órganos jurisdiccionales para que se resuelva una situación jurídica, conflicto de derechos o presentación de reclamos en un proceso judicial. No obstante, ello no quiere decir que los jueces se vean obligados a estimar las demandas que les sean presentadas sino que se dé respuesta a las mismas, ya sea estimando o desestimando la pretensión planteada, de manera razonada y ponderada (Sentencia del Tribunal Constitucional N° 03063-2009-PA/TC y N° 0763-2005-P A/TC).

A continuación el texto íntegro de la casación (también toque la imagen):

Casación 18355-2016 Lima - Principio de Favorecimiento Del Proceso en Lo Contencioso Administrativo - Compi... by JOSÉ MARÍA PACORI CARI on Scribd


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QUÉ SIGNIFICA QUE UN ACTO ADMINISTRATIVO CAUSA ESTADO

QUÉ SIGNIFICA QUE UN ACTO ADMINISTRATIVO CAUSA ESTADO
Compilador José María Pacori Cari


Cuando se dice que un acto administrativo causa estado se quiere decir que el mismo no es pasible de ser impugnado a través de recursos administrativos, tal como se indica en la Casación 15763-2015 Lima (Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente) que en su sumilla indica:

El término “causar estado” debe ser entendido en referencia a la condición que adquieren los actos de la administración cuando ya no es posible ejercer contra ellos ninguno de los recursos administrativos previstos en la ley para su anulación o modificación; y asimismo, requiere que el pronunciamiento que contiene el acto administrativo, implique una modificación o impacto que goce de carácter definitivo o determinante en la esfera jurídica del administrado.

Asimismo, en el considerando décimo y décimo primero indica lo siguiente:

DÉCIMO.- Resulta pertinente señalar que de conformidad con el artículo 148 de la Constitución Política del Estado, el acceso al sistema de control jurisdiccional de las actuaciones administrativas, ha sido restringido a aquellas que “causan estado". En tal sentido, este término debe ser entendido en referencia a la condición que adquieren los actos de la administración cuando ya no es posible ejercer contra ellos ninguno de los recursos administrativos previstos en la ley para su anulación o modificación, y asimismo, requiere que el pronunciamiento que contiene el acto administrativo implique una modificación impacto que goza de carácter definitivo o determinante en la esfera jurídica del administrado. DÉCIMO PRIMERO.- Considerando lo expuesto, se aprecia de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 6602-2-2012 de fecha veintisiete de abril de dos mil doce, materia de cuestionamiento, que resuelve “Resolución de Intendencia N° 0150140005602 de fecha 29 de setiembre de 2006 en el extremo referido al reparo por presunción de ventas omitidas (…), debiendo proceder conforme con lo expuesto en la presente resolución”; se señala que no se verifica que el acto administrativo en mención contenga un pronunciamiento anulatorio respecto de la Resolución de Determinación N° 112-003-0001943 y las Resoluciones de Multa N° 012-02-0006020 a N° 012-03-0006031, tampoc o se aprecia que el Tribunal Fiscal haya dejado a salvo el derecho de la administración a efecto de que pueda emitir nuevos valores, es decir, no existe alguna situación que nos hagan concluir que se trata de un pronunciamiento respecto del cual la entidad demandante pueda renovar el acto viciado.

A continuación el texto íntegro de la Casación (también puede tocar la imagen)




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LEGALIDAD PARA DECLARAR LA NULIDAD DE UN ACTO ADMINISTRATIVO

OBLIGACIÓN DE DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO A PEDIDO DE PARTE
Compilador José María Pacori Cari


El principio de legalidad obliga a la Administración Pública a verificar la nulidad de actos administrativos cuando se le pone en conocimiento una causal de invalidez como lo indica la Casación 15113-2015 Puno (Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente) que en su sumilla indica:

La Administración, por el solo hecho de tomar conocimiento de la existencia de un vicio que amerite la declaración de nulidad de pleno derecho, tiene la obligación de pronunciarse sobre su existencia, a fin de resguardar la integridad del orden jurídico en su conjunto, que exige que las actuaciones administrativas se encuentren sujetas a la ley y al Derecho, como expresión del Principio de Legalidad.

En el considerando 4.7 se establece una definición de interés público:

4.7. El interés público es un concepto jurídico genérico con contenido y extensión variable, que tiene que ver con aquello que beneficia a todos, por ende, es sinónimo y equivalente al interés general de la comunidad. Su satisfacción constituye uno de los fines del Estado y justifica la existencia de la organización administrativa. La Administración Estatal, constituida por órganos jerárquicamente ordenados, asume el cumplimiento de los fines del Estado teniendo en cuenta la pronta y eficaz satisfacción del interés público. El interés se expresa confluyentemente como el valor que una cosa posee en sí misma y como la consecuencia de la inclinación colectiva hacia algo que resulta atractivo, apreciable y útil. De allí que Fernando Sainz Moreno plantee que la noción interés público se entienda como expresiones del valor público que en sí mismo tienen ciertas cosas; o bien como expresión de aquello que únicamente interese al público. Dicho interés es tan relevante que el Estado lo titulariza, incluyéndolo entre los fines que debe perseguir necesaria y permanentemente.

Asimismo, en el considerando 4.11 al 4.15 establece que:

4.11. En ese sentido, tal como se observa de la resolución impugnada, tenemos que los documentos sobre las cuales baso su decisión no son actos administrativos que puedan ser calificados de intrascendentes, máxime si las construcciones que se pretenden edificar estarán en un área protegida, pasible de una nulidad de pleno derecho, que no puede ser objeto de convalidación por parte de la Administración o por falta de impugnación oportuna del acto administrado. 4.12. No siendo convalidables las nulidades de pleno derecho del acto administrativo, la Administración tiene el deber de corregir o eliminar los actos administrativos afectados por vicios trascendentes o esenciales, vía impugnación de parte o directamente vía la nulidad de oficio; no siendo un obstáculo para la nulidad de oficio, que el administrado afectado no haya cumplido con impugnar el acto viciado dentro del plazo de ley, pues como lo indica el artículo 202 de la Ley N° 27444, la figura de la nulidad de oficio es aplicable aun en el caso que el acto administrativo se encuentre firme (acto administrativo contra el cual no se ha interpuesto recursos impugnatorios en el plazo de ley), más aun si en el caso de las nulidades de pleno derecho, el agravio del interés público esta expresado en la afectación misma del orden jurídico. 4.13. Teniendo en cuenta que las nulidades de pleno derecho afectan el ordenamiento general y no solo la esfera privada del administrado, la Administración en resguardo y defensa de dicho ordenamiento, del orden público y del Principio de Legalidad que rige toda la actuación administrativa, tiene la obligación de depurar en cualquier momento los vicios cuya gravedad determinan una nulidad de pleno derecho. 4.14. Para el cumplimiento de los fines del control de la actuación administrativa (depuración de las nulidades de pleno derecho que afectan el orden general), resulta irrelevante, la forma como la Administración toma conocimiento de la existencia de la nulidad de pleno derecho, esto es, si lo hizo directamente, en uso de sus atribuciones de fiscalización posterior, de autocontrol, autodepuración, o por denuncia o comunicación de los administrados, pues ello no afecta su atribución de declarar la nulidad de oficio del acto cuestionado. 4.15. En base a lo antes referido, la Administración por el solo hecho de tomar conocimiento de la existencia de un vicio que amerite la declaración de nulidad de pleno derecho tiene la obligación de pronunciarse sobre su existencia (en la forma y plazo previsto en el artículo 202 de la Ley N° 27444), a fin de resguardar la integridad del orden jurídico en su conjunto, que exige que las actuaciones administrativas se encuentren sujetas a la ley y al Derecho, como expresión del Principio de Legalidad.

A continuación el texto íntegro de la Casación (también puede hacer click en la imagen):

Casación 15113-2015 Puno Obligación de Declaración de Nulidad de La Administración Pública - Principios de... by JOSÉ MARÍA PACORI CARI on Scribd


10/11/18

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PRINCIPIO DE DUDA RAZONABLE EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ADUANERA

PRINCIPIO DE DUDA RAZONABLE EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ADUANERA
Compilador José María Pacori Cari


El Derecho Aduanero se rige por procedimientos administrativos, como es el de duda razonable que se encuentra descrito en la Casación 9467-2015 Lima (Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente) que en su sumilla indica lo siguiente:

Para el inicio del procedimiento de duda razonable es suficiente que el importador cuestione el valor declarado, no estableciéndose en las normas (Decisión 6.1, Decisión 571, Acuerdo de Valor de la Organización Mundial del Comercio) que aquel procedimiento solamente se pueda establecer cuando la administración aduanera tenga motivos para dudar de lo declarado; por ello, ante una solicitud por parte de un importador, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - Sunat está facultada para solicitar toda la información necesaria para esclarecer si el valor declarado termina siendo correcto o no.

Asimismo, en el considerando 3.3 se indica:

3.3. Asimismo, la Interpretación Prejudicial del doce de junio de dos mil diecisiete, emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, obrante a fojas ciento sesenta y cuatro del cuaderno de casación, señala: “1.8.1. El artículo 17 de la Decisión 571 establece la procedencia del procedimiento de Duda Razonable cuando la Autoridad Aduanera tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado o de los datos o documentos presentados como prueba de esa declaración; (…) 1.8.3. En ese contexto, cuando un administrado solicita de manera excepcional a la Autoridad Aduanera el inicio del procedimiento de Duda Razonable, dicha autoridad debe entender que el administrado está ejerciendo tanto su derecho de petición como su derecho de defensa, así como que es una oportunidad para encontrar la verdad material. (…). 1.8.4. Con relación al primero, al solicitar de manera excepcional el inicio del procedimiento de Duda Razonable, el administrado está ejerciendo su derecho de petición, por lo que, la Autoridad Aduanera tiene la obligación de pronunciarse y por escrito, lo que supone que debe dar las razones y motivos por los cuales acepta o deniega la solicitud. En caso de que la respuesta sea negativa, esta no puede basarse en el mero ejercicio de una discrecionalidad, sino que dicha autoridad debe fundamentar y justificar adecuadamente las razones que la lleven a considerar que resulta innecesario tramitar el procedimiento de Duda Razonable. (…) 1.8.7. Tercero, la Autoridad Aduanera, en tanto autoridad administrativa, guía su actuación por el principio de verdad material, por lo que ante, una solicitud excepcional de inicio del Procedimiento de Duda Razonable, tiene una oportunidad para efectuar las indagaciones y evaluación que sean necesarias para verificar que lo declarado por el administrado es correcto o no. Es más, es una oportunidad para ejercer un adecuado control de la información y documentación que presente el administrado, lo que permitirá asegurar que la declaración sea correcta, de modo que el administrado no pague más ni menos de lo que corresponde”.

A continuación el texto íntegro de la Casación (haz click en la imagen y también tendrá la casación)



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¿QUÉ ES LA LEGITIMIDAD PARA OBRAR EN EL PROCESO CIVIL?

¿QUÉ ES LA LEGITIMIDAD PARA OBRAR EN EL PROCESO CIVIL?
Compilador José María Pacori Cari


Un condición de la acción es la legitimidad para obrar que es la afirmación de ser titular de un derecho, tal como se verifica de la Casación 3273-2014 Cajamarca (Sala Civil Permanente) que en su sumilla indica:

La legitimidad para obrar o legitimatio ad causam, es una condición de la acción que precisamente limita o condiciona el ejercicio de ésta a su existencia. La demanda interpuesta por quien carece de legitimidad para obrar puede ser declarada improcedente de oficio por el Juez, pudiendo incluso ser denunciada a través de la correspondiente excepción. Asimismo se configura cuando no existe coincidencia entre las personas que la norma le otorga el derecho con la que plantea la acción

Lo indicado, se sustenta en el cuarto y quinto considerando que indican:

CUARTO.- Si ello es así, nada obsta para que la referida persona interponga la presente demanda, pues indistintamente de las acciones y derechos que le pudieran corresponder sobre el bien derivado de su calidad de heredera de Elías Gonzáles Guevara, tiene la que corresponde a su madre y esa lo habilita para solicitar la reivindicación respectiva. QUINTO.- En tal sentido, hay correspondencia entre la relación material alegada y la relación procesal, por lo que existe legitimidad para obrar activa, razón por la cual no se debió declarar improcedente la demanda, habiéndose infringido el artículo 139, inciso 3 de la Constitución del Estado, dado que el debido proceso implica la necesidad de emitir pronunciamiento definitivo cuando no exista impedimento alguno para hacerlo, como ocurre en el presente caso.

A continuación el texto íntegro de la Casación:


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¿QUÉ ES EL PRINCIPIO DISPOSITIVO EN EL PROCESO CIVIL?

¿QUÉ ES EL PRINCIPIO DISPOSITIVO EN EL PROCESO CIVIL?
Compilador José María Pacori Cari


Encontramos dos sistemas, un sistema inquisitivo y otro dispositivo, este último implica un proceso desarrollado a instancia de parte tal como lo indica la Casación 3215-2016 Lima (Sala Civil Permanente) que en su sumilla indica:

En virtud del principio dispositivo, el proceso civil se promueve solo a iniciativa de parte, la que debe invocar legitimidad e interés. Sin embargo, su correcta interpretación debe efectuarse considerando por un lado, que la finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o una incertidumbre jurídica, ambas con relevancia jurídica, haciendo efectivos los derechos sustanciales y que su finalidad abstracta es lograr la paz social en justicia conforme lo dispone el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil, y por otro, que – como lo dispone el artículo VII- el juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o la haya sido erróneamente

En su considerando quinto indica:

En cuanto a las denuncias de infracción de los principios contenidos en los artículos IV y VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, debe señalarse que el primero de dichos artículos regula el principio dispositivo. En virtud de él, el proceso civil se promueve solo a iniciativa de parte, la que debe invocar legitimidad e interés. Sin embargo, su correcta interpretación debe efectuarse considerando por un lado, que la finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o una incertidumbre jurídica, ambas con relevancia jurídica, haciendo efectivos los derechos sustanciales y que su finalidad abstracta es lograr la paz social en justicia, conforme lo dispone el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil, y por otro, que -como lo dispone el artículo VII- el juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Sin embargo, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes. En ese contexto, corresponde a las partes el derecho de acción y al juez conducir el proceso en atención a sus fines, garantizando una sentencia motivada y congruente con las pretensiones de las partes.

A continuación el texto completo de la Casación:


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QUÉ ES EL PRINCIPIO DE VALORACIÓN CONJUNTA DE LA PRUEBA

¿QUÉ ES EL PRINCIPIO DE VALORACIÓN CONJUNTA DE LA PRUEBA?
Compilador José María Pacori Cari


En el Derecho Procesal aplicable al proceso laboral y otro tipo de procesos como el contencioso administrativo es de aplicación el principio de valoración conjunta de las pruebas, tal como se verifica de la Casación 3130-2016 Lima (Sala Civil Permanente) que en su sumilla indica:

El principio de valoración conjunta, previsto en el artículo 197 del Código Procesal Civil, exige que las deducciones que el juez desprenda de las pruebas no se limiten solo al examen individual de cada una de ellas, sino que se sustente, además, en una apreciación global de los medios probatorios.

En el Cuarto considerando se indica:

Uno de los componentes del derecho al debido proceso se encuentra constituido por el denominado derecho a la prueba, que constituye un derecho eminentemente complejo, compuesto por el derecho de las partes a ofrecer los medios probatorios que consideren necesarios, a que éstos sean admitidos, adecuadamente actuados, que se asegure la producción o conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios y que éstos sean valorados de manera adecuada y con la motivación debida, con el fin de darles el mérito probatorio que tengan en la sentencia.

En el sexto considerando se indica:

Interesa para los presentes efectos referirnos al principio de la debida valoración de los medios probatorios actuados, pues si el derecho a probar, como lo establece el artículo 188 del Código Procesal Civil, tiene por finalidad producir en la mente del Juzgador el convencimiento sobre la existencia o inexistencia de los hechos afirmados por las partes, él se convertiría en una garantía únicamente declarativa o ilusoria si el juzgador no apreciara adecuada y razonablemente el material probatorio, dando lugar a una sentencia irregular o arbitraria.

Lo mismo que el sétimo considerando:

En efecto, las pruebas que sustentan la pretensión y la oposición de las partes tienen su correlativo en el deber del juez de merituar de manera conjunta el caudal probatorio aportado, de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 197 del Código Adjetivo. Esta actividad, valoradora en los aspectos de prueba-valoración-motivación, no debe ser expresada en la forma de meros agregados mecánicos, sino como la expresión del juicio racional empleado por el juzgador para establecer la conexión entre los medios de prueba presentados por las partes y la verdad o falsedad de los enunciados sobre los hechos en litigio.

A continuación el texto completo de esta Casación:



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ASIENTO REGISTRAL COMO ACTO ADMINISTRATIVO

ASIENTO REGISTRAL COMO ACTO ADMINISTRATIVO
Compilador José María Pacori Cari


La Superintendencia Nacional de Registros Públicos al ser una entidad pública emite actos administrativos a través de sus Registradores Públicos, uno de estos actos administrativos son los Asientos Registrales, tal como se verifica de la Casación 710-2017 Lima Norte (Sala Civil Transitoria) que en su sumilla indica:

El asiento registral es un acto administrativo, por tanto debe ser cuestionado a través del proceso contencioso administrativo. No puede pasar inadvertido por este Supremo Colegiado que la instancia de mérito ha infringido el marco jurídico delimitado, por cuanto al declarar infundada la demanda, ha amparado su decisión considerando que un asiento registral es susceptible de ser cuestionado judicialmente a través de un proceso de nulidad, lo cual no tiene sustento jurídico.

Asimismo, en el Décimo Cuarto Considerando se indica:

Que, de lo antes expuesto se colige que las precitadas normas no contemplan la procedencia en vía judicial ordinaria de la nulidad de un acto administrativo, pues los actos administrativos solo pueden ser impugnados a través del proceso contencioso administrativo, salvo los casos en que se puede recurrir a los procesos constitucionales. En dicho sentido se ha pronunciado la Ejecutoria número 4102-2011 emitida por esta Suprema Sala el siete de agosto de dos mil trece. Debiéndose tener en cuenta además, que los Asientos Registrales constituyen actos administrativos que tienen como sustento otros actos administrativos como una resolución municipal de adjudicación o jurídicos como una compraventa, por lo que deben guardar coherencia con la vigencia de los mismos

A continuación el texto completo de esta Casación:



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CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LAS CONTRATACIONES CON EL ESTADO

CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LAS CONTRATACIONES CON EL ESTADO
Compilador José María Pacori Cari


Son mecanismos de solución de conflictos recurrentes en las contrataciones con el Estado la Conciliación y el Arbitraje, su importancia la podemos establecer de la Casación 491-2017 Lima (Sala Civil Permanente) que en su sumilla indica lo siguiente:

Si bien la antigua Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Ley N° 26850, y su reglamento otorgaban a las partes la posibilidad de definir sus discrepancias emanadas de la ejecución o interpretación del contrato mediante la conciliación, ello no excluía en modo alguno la obligación de recurrir al arbitraje en última instancia para solucionar definitivamente sus diferencias no resueltas.

Asimismo en el séptimo considerando de esta Casación se indica:

Ahora bien, estando a que la controversia que nos ocupa tiene su origen en la ejecución de un contrato administrativo derivado de un proceso de selección convocado por la entidad edil demandante (concurso público N° 02-3003/MLDO/CE4), al amparo de la legislación especial que regula las contrataciones y adquisiciones del Estado; debe tenerse en consideración que en las contrataciones públicas el arbitraje es una imposición de la propia ley, en ese sentido, cabe recordar que el arbitraje por su fuente puede clasificarse en voluntario y forzoso u obligatorio, siendo el caso que este último viene impuesto por la voluntad del legislador.

Por último, el noveno considerando indica:

Como puede observarse, las disposiciones normativas antes glosadas evidencian claramente la imposición del arbitraje como un mecanismo obligatorio y definitivo de solución de controversias surgidas a raíz de las contrataciones y adquisiciones del Estado. Pudiendo señalarse que. “…en el caso de las contrataciones y adquisiciones del Estado, las vías de arbitraje y conciliación han quedado establecidas legalmente como necesarias para la solución de controversias sobrevinientes en la etapa de ejecución de los contratos, sustituyendo o excluyendo a las vías administrativa y judicial”5. Así, si bien la antigua Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Ley N° 26850, y su reglamento otorgaban a las partes la posibilidad de definir sus discrepancias emanadas de la ejecución o interpretación del contrato mediante la conciliación, ello no excluía en modo alguno la obligación de recurrir al arbitraje en última instancia para solucionar definitivamente sus diferencias no resueltas.

A continuación el texto completo de la casación:

Casación 491-2017 Lima Conciliación y Arbitraje en Las Contrataciones Con El Estado - Compilador José María... by JOSÉ MARÍA PACORI CARI on Scribd


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