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La presente Bitácora esta a cargo de JOSÉ MARÍA PACORI CARI, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad José Carlos Mariátegui en el Perú, Socio de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Miembro de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, Articulista en el Suplemento La Gaceta Jurídica del Diario La Razón en Bolivia, Colaborador en la Revista Administración & Control del Perú, Abogado especialista en Derecho Administrativo y Derecho Laboral.

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26/12/16

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CURSO SOBRE LA LEY 30057 DERECHO INDIVIDUAL DEL TRABAJO PÚBLICO LEY 30057

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22/12/16

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MODELO DE DEMANDA DE AMPARO CONTRA RESOLUCIÓN JUDICIAL ¿CÓMO PUEDE INTERPONER UN AMPARO CONTRA UNA SENTENCIA?

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MODELO DE DEMANDA DE AMPARO CONTRA RESOLUCIÓN JUDICIAL
¿CÓMO PUEDE INTERPONER UN AMPARO CONTRA UNA SENTENCIA?

Por José María Pacori Cari
Miembro de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo

ÁREA: DERECHO CONSTITUCIONAL
LÍNEA: PROCESO CONSTITUCIONAL DE AMPARO

El proceso constitucional de amparo se utiliza para la protección de derechos fundamentales, como es el caso de la tutela procesal efectiva. En efecto, puede suceder que en un proceso judicial se emita una Sentencia o resolución judicial que afecta el derecho a la tutela judicial efectiva, siendo clara y evidente su afectación; en estos casos procederá la interposición de una demanda de amparo por la vulneración del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva; esta demanda tiene especiales características, por lo que en este modelo encontrará las normas jurídicas que sustentan cada parte de lo que se hace. Una especial consideración es que en el modelo se hace referencia a la impugnación de una resolución de casación, siendo que también se podría interponer esta demanda contra otra resolución judicial que no siendo pasible de impugnación ni consentida haya violado el derecho fundamental al debido proceso o tutela procesal efectiva. Temas fundamentales a tener en cuenta en este tipo de demandas es el Juez competente (antes era la Sala Civil o Constitucional, ahora es el Juez Especializado Civil o Constitucional), Plazo de interposición de la demanda (30 días hábiles de haber tomado conocimiento de la Resolución que se impugna), establecimiento claro y preciso de la violación del derecho a la tutela judicial efectiva, entre otros asuntos (AUTOR: JOSÉ MARÍA PACORI CARI)

Modelo de Demanda de Amparo contra Sentencia de Casación

SECRETARIO              :
EXPEDIENTE              :
CUADERNO               : Principal
ESCRITO            : 01-2016
SUMILLA            : Demanda de Amparo contra Resolución Judicial

SEÑOR JUEZ ESPECIALIZADO EN LO CONSTITUCIONAL (donde no haya será el Juez Especializado Civil o Mixto)

(Nombres y Apellidos del Demandantes), con DNI (…), con domicilio real en (…), con domicilio procesal en (…), con domicilio electrónico casilla (…); a Ud., respetuosamente, digo:

Conforme a la modificación realizada al art. 51 del Código Procesal Constitucional, la presente se presenta a un Juez Especializado Constitucional; además, la presente demanda se realiza observando los requisitos previstos en el artículo 42 del Código Procesal Constitucional:

I.- DEMANDADOS Y DIRECCIÓN DOMICILIARIA
1.- PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA de la Corte Suprema de Justicia de la República integrada por los magistrados (…), órgano colegiado que se notificará en (…).
2.- SEGUNDA SALA LABORAL de la Corte Superior de Justicia de Arequipa integrada por los magistrados (…), órgano colegiado que se notificará en (…).

II.- EMPLAZAMIENTO
Conforme al artículo 7 del Código Procesal Constitucional, por tratarse de órganos del Poder Judicial se deberá de emplazar con la presente demanda al PROCURADOR A CARGO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES DEL PODER JUDICIAL a quien se notificará en (…).

III.- PETITORIO
Interpongo demanda constitucional de amparo por violación de mis derechos constitucionales a la tutela procesal efectiva y motivación para que se declare la nulidad[1] de Resolución de Casación 686-2016 Arequipa emitida el 31 de agosto del 2016 emitida por la Primera sala de derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República y, como consecuencia, la nulidad de la Sentencia de Vista 1046-2015-2SL de 06 de noviembre de 2015 recaída en la causa 2014-2647-0-0401-JR-LA-07 emitida por la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, más costos del proceso.

IV.- PLAZO DE INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA
El artículo 44 del Código Procesal Constitucional indica “Tratándose del proceso de amparo iniciado contra resolución judicial, el plazo para interponer la demanda se inicia cuando la resolución queda firme. Dicho plazo concluye treinta días hábiles después de la notificación de la resolución que ordena se cumpla lo decidido.” En el presente caso, tomé conocimiento de la resolución impugnada el (…).

V.- RELACIÓN NUMERADA DE LOS HECHOS
1.- La demandante es Especialista Administrativo I en (…), en estas circunstancias, se me inició un procedimiento administrativo disciplinario que culminó con la emisión de la Resolución Directoral 174-2013 de 15-05-2013 que resuelve sancionar con separación temporal en el servicio por un año sin goce de remuneraciones por la presunta comisión de falta administrativa de reiterada resistencia al cumplimiento de las órdenes de mis superiores. Interpuesto recurso administrativo de apelación en contra de la Resolución Directoral 174-2013, esta fue confirmada por la Resolución 019-2014-GRA/TAR
2.- No conforme con la Resolución Directoral 174-2013 y la Resolución Directoral 174-2013, esta fue confirmada por la Resolución 019-2014-GRA/TAR, interpuse demanda contencioso administrativa que generó el Expediente 02647-2014-0-0401-JR-LA-05 tramitado por ante el Quinto Juzgado de Trabajo de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.
3.- En el referido Expediente 02647-2014-0-0401-JR-LA-05 se emitió la Sentencia 259-2015 emitida el 20 de abril del 2015 que resuelve lo siguiente: “Declarando FUNDADA la demanda contencioso administrativa interpuesta por (…), en contra del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO REGIONAL (…). DECLARANDO la nulidad de  la resolución de Instancia 019-2014-GRA/TAR  del 26 de marzo del 2014, que confirma  la resolución Directoral 174-2013 de fecha 15 de mayo del 2013, DISPONIENDO  que  la demandada  proceda a  emitir nueva resolución teniendo en cuenta lo expuesto en la presente.”
4.- El fundamento principal para declarar fundada mi demanda lo encontramos en el fundamento 5.6 y sexto de la Sentencia indicada que dice: “5.6. En mérito a lo expuesto, debemos señalar que la administración  incurrió en dos  vulneraciones al debido proceso, siendo la primera la falta de motivación a la decisión adoptada   de rotar a la actora; y la segunda  el no motivar el porqué de aplicar mayor sanción a la establecida por la Comisión de procesos disciplinarios, lo que determina la nulidad de la resolución por la que se le sanciona a la actora, se agrega a esto que no se ha respetado las formas que señala la ley en cuanto a cómo debe plasmarse las decisiones de la administración en cuanto a efectuar desplazamientos de los servidores a su cargo, lo que si bien no es de trascendencia, que sí lo es lo primero la falta de motivación de las decisiones; situaciones que el Tribunal Administrativo Regional ha debido tener en cuenta a los efectos de resolver.”
5.- Contra esta sentencia, interpuso recurso de apelación la demandada Gobierno Regional de (…).
6.- Iniciado el trámite en segunda instancia, este culmina con la emisión de la Sentencia de Vista 1046-2015-2SL (Resolución 19-2SL) de 06 de noviembre de 2015 que resuelve lo siguiente: “REVOCAR la Sentencia 259-2015, del 20 de abril del 2015, corriente a foja trescientos noventa y uno; en cuanto se declara fundada la presente demanda, con lo demás que contiene y es materia de grado. REFORMAR dicha sentencia, declarando improcedente la mencionada demanda.”
7.- El fundamento central para declarar esta improcedencia en la sentencia de vista fue el siguiente: “Quinto.- Que en cuanto a que el mencionado plazo de caducidad sea interrumpido por días en que haya huelga judicial, cabe tener en cuenta lo señalado en la Resolución 962-2009, del 7 de julio del 2010, emitida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República (…). Por tanto, siendo que en los días de huelga judicial señalados en la hoja de información de folio cuatrocientos trece, no se consolidó el derecho de acción de la demandante, toda vez que con ulterioridad a tal huelga quedaban aún con holgura suficientes días hábiles en que pudo interponerse oportunamente la actual demanda; no es atendible descontar dichos días de huelga, del correspondiente plazo legal para postular la presente demanda. Sexto.- Que en este orden de cosas, la demanda contencioso administrativa que nos ocupa, deviene en improcedente, por ser extemporánea (Ley 27584: artículo 21: inciso 2); y atendiendo a la acotada caducidad producida en autos (Ley 27584: artículo 21: inciso 7; CPC: artículo 427: primer párrafo: inciso 3).”  
8.- Habiendo obtenido sentencia de primera instancia favorable que injustamente fue revocada en segunda instancia, interpuse recurso de casación.
9.- Interpuesto mi recurso de casación, este fue resuelto por la CASACIÓN 686-2016 AREQUIPA de 31 de agosto de 2016 que declara: “Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la demandante (…) de fojas 462 a 464, contra la sentencia de vista de fojas 391 a 398, de fecha 20 de abril del 2015; en los seguidos por la recurrente contra el Gobierno Regional de (…) y otro sobre Proceso Contencioso Administrativo.”
10.- El fundamento de la resolución de Casación para declarar improcedente mi recurso fue lo siguiente: “SÉTIMO. (…) la demanda resulta improcedente por cuanto es extemporánea, ya que desde la fecha de notificación de la resolución impugnada, esto es 28 de marzo de 2014 hasta la fecha de presentación de la demanda, esto es, 30 de junio de 2014, han transcurrido más de 03 meses; razón por la cual, el agravio alegado (…) deviniendo improcedente.”

VI.- DERECHOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS
11.- Lo acontecido consideramos afecta de manera evidente y manifiesta el derecho a la tutela procesal efectiva por lo siguiente:

a.- El art. 4 del Código Procesal Constitucional establece que  “El amparo procede respecto de resoluciones judiciales firmes dictadas con manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva, que comprende el acceso a la justicia y el debido proceso.” Este artículo también indica lo que es la tutela procesal efectiva “Se entiende por tutela procesal efectiva aquella situación jurídica de una persona en la que se respetan, de modo enunciativo, sus derechos  (…) a la obtención de una resolución fundada en derecho, a acceder a los medios impugnatorios regulados (…)”.
b.- Por lo que el presente proceso constitucional, se sustenta en la violación del derecho constitucional indicado en el Artículo 37, numeral 16, del Código Procesal Constitucional que indica “El amparo procede en defensa de los siguientes derechos: (…) 16) De tutela procesal efectiva.”
c.- Y dentro de este derecho alegamos la afectación de nuestro derecho a obtener una resolución fundada en derecho, que se relaciona con las diferentes modalidades de afectación al derecho de motivación previsto en la STC recaída en el Expediente 03864-2014-PA/TC.
d.- Hecha la precisión del derecho constitucional cuya violación sustenta la presente demanda, procedemos a explicar en qué consiste esta violación.
e.- Siendo que el tema en discusión es determinar si la demanda contencioso administrativa fue presentada vencido el plazo de caducidad de tres (3) meses es necesario hacer uso de un cuadro cronológico de fechas para determinar que aconteció:

Actos Jurídicos y Hechos
Fecha
Norma o hecho relevante
Notificación de la resolución 019-2014-GRA/TAR
28-03-2014
“La demanda deberá ser interpuesta dentro de los siguientes plazos: (…), el plazo será de tres meses a contar desde el conocimiento o notificación de la actuación impugnada (…)”
Huelga Nacional Indefinida de los Trabajadores del Poder Judicial
25-03-2014 al 09-05-2014
Resolución Administrativa 576-2014-P-CSJMD/PJ
Vencimiento de los tres meses
28-06-2014
Conforme al Calendario de junio de 2014, el 28 de junio es sábado, el 29 de junio es domingo. 28 y 29 de junio son días inhábiles.
Presentación de la Demanda Contencioso Administrativa
30-06-2014
Conforme al Calendario de junio de 2014, el 30 de junio es lunes (primer día hábil)

f.- Lo indicado en el cuadro, es conforme a lo que indican los demandados, siendo que la demandante se encuentra conforme con estos hechos, más no se encuentra conforme con la motivación dada sustentada en estos hechos, situación que configura la afectación a la tutela judicial efectiva.
g.- En efecto, los hechos indicados implican la necesaria y evidente aplicación de una norma que resulta clara y precisa para el presente caso, nos referimos al art. 183 del Código Civil que indica “El plazo se computa de acuerdo al calendario gregoriano, conforme a las siguientes reglas: (…) 2.- El plazo señalado por meses se cumple en el mes del vencimiento y en el día de éste correspondiente a la fecha del mes inicial. Si en el mes de vencimiento falta tal día, el plazo se cumple el último día de dicho mes. (…) 5.- El plazo cuyo último día sea inhábil, vence el primer día hábil siguiente.”
h.- Conforme a esto, el plazo en meses en el presente caso vencía el 28 de junio de 2014 (día inhábil), siendo que conforme a la norma indicada el plazo en este caso vencía el primer día hábil, esto es, el 30 de junio de 2014 (fecha de presentación de la demanda).
i.- Incluso Casación 686-2016 Arequipa emitida el 31 de agosto del 2016 emitida por la Primera sala de derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República (cuya nulidad solicito en la presente demanda de amparo), fue emitida con posterioridad a la Casación 13637-2013 HUANCAVELICA emitida el 14 de abril de 2015 por la misma Primera sala de derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República que en su Vigésimo Primero indica: Que, en ese sentido, en la medida que los días veinticuatro y treinta de octubre; seis, siete y trece de noviembre de dos mil doce, y quince de noviembre hasta el cinco de diciembre de dos mil doce, se paralizaron las labores judiciales y la atención al público, el plazo de caducidad recogido en el artículo 19 del Texto Único Ordenado de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo – Ley 27584, aprobado por el Decreto Supremo 013-2008-JUS, debió suspenderse dicho plazo, y por ende, extenderse hasta el día tres de enero de dos mil trece como nueva fecha de vencimiento. Por ello, el actor al momento de interponer su demanda el once de diciembre de dos mil doce, se encontraba dentro de los plazos previstos por Ley.
j.- Esta Casación y su interpretación del plazo de caducidad en la presentación de la demanda contencioso administrativa pese a ser un criterio asumido con anterioridad por la misma sala demandada, no fue aplicado causando indefensión a la demandante. Nótese que el periodo de huelga implicó la suspensión del plazo de caducidad, situación que no tomaron en cuenta los demandados, situación que otorga fundabilidad a la presente demanda de amparo.

VII.- MEDIOS PROBATORIOS
1.- Resolución Directoral 174-2013 de 15-05-2013 que resuelve sancionar con separación temporal en el servicio por un año sin goce de remuneraciones por la presunta comisión de falta administrativa de reiterada resistencia al cumplimiento de las órdenes de mis superiores.
2.- Resolución 019-2014-GRA/TAR que confirma la sanción impuesta por Resolución Directoral 174-2013.
3.- Sentencia 259-2015 emitida el 20 de abril del 2015 y expedida en el Expediente 02647-2014-0-0401-JR-LA-05 que resuelve lo siguiente: “Declarando FUNDADA la demanda contencioso administrativa interpuesta por (…), en contra del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO REGIONAL, del GOBIERNO REGIONAL DE (…). DECLARANDO la nulidad de  la resolución de Instancia 019-2014-GRA/TAR”.
4.- Sentencia de Vista 1046-2015-2SL (Resolución 19-2SL) de 06 de noviembre de 2015 que resuelve lo siguiente: “REVOCAR la Sentencia 259-2015, del 20 de abril del 2015, corriente a foja trescientos noventa y uno; en cuanto se declara fundada la presente demanda, con lo demás que contiene y es materia de grado. REFORMAR dicha sentencia, declarando improcedente la mencionada demanda.”
5.- CASACIÓN 686-2016 AREQUIPA de 31 de agosto de 2016 que declara: “Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la demandante (…) de fojas 462 a 464, contra la sentencia de vista de fojas 391 a 398, de fecha 20 de abril del 2015; en los seguidos por la recurrente contra el Gobierno Regional de Arequipa y otro sobre Proceso Contencioso Administrativo.”
6.- Casación 13637-2013 HUANCAVELICA emitida el 14 de abril de 2015 por la misma Primera sala de derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. Esta Casación realiza una interpretación del plazo de caducidad en el proceso contencioso administrativo cuando se produce una huelga del Poder Judicial.

VIII.- ANEXOS
1-A Copia de mi Documento Nacional de Identidad.
1-B Copia de la  Resolución Directoral 174-2013 de 15-05-2013
1-C Copia de la Resolución 019-2014-GRA/TAR que confirma la sanción impuesta por Resolución Directoral 174-2013.
1-D Copia de la Sentencia 259-2015 emitida el 20 de abril del 2015
1-E Copia de la Sentencia de Vista 1046-2015-2SL (Resolución 19-2SL) de 06 de noviembre de 2015.
1-F Copia de la CASACIÓN 686-2016 AREQUIPA de 31 de agosto de 2016
1-G Copia de la Casación 13637-2013 HUANCAVELICA emitida el 14 de abril de 2015.

POR LO EXPUESTO:
A UD. pido admitir a trámite la presente demanda y darle el trámite que le corresponda conforme al art. 53 del Código Procesal Constitucional.

PRIMERO OTROSI.- Si bien no es requisito de la demanda, a la presente le corresponderá la vía especial del proceso constitucional de amparo prevista en el Código Procesal Constitucional.

Arequipa, 22 de diciembre de 2016.

(Firma del Demandante y Firma del Abogado)




[1] Este pedido se realiza conforme al Art. 55, inciso 2, del Código Procesal Constitucional que indica “La sentencia que declara fundada la demanda de amparo contendrá alguno o algunos de los pronunciamiento siguientes: (…) 2) Declaración de nulidad de decisión, acto o resolución que hayan impedido el pleno ejercicio de los derechos constitucionales protegidos con determinación, en su caso, de la extensión de sus efectos.”


20/12/16

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MODELO DE RECURSO DE APELACIÓN DIRIGIDO AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PREVISIONAL DE LA ONP - ¿CÓMO INTERPONER UN RECURSO DE APELACIÓN AL TRIBUNAL PREVISIONAL?

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MODELO DE RECURSO DE APELACIÓN DIRIGIDO AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PREVISIONAL DE LA ONP - ¿CÓMO INTERPONER UN RECURSO DE APELACIÓN AL TRIBUNAL PREVISIONAL?

Por José María Pacori Cari
Catedrático de Derecho de la UJCM
Socio de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y Seguridad Social

ÁREA: DERECHO PREVISIONAL
LÍNEA: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

Por Decreto Supremo 385-2015-EF se aprueba el Reglamento del Tribunal Administrativo Previsional cuya principal función es la de resolver en última instancia administrativa las controversias que versen sobre derechos y obligaciones previsionales. De tal manera, cuando la ONP (Oficina de Normalización Previsional) emite una Resolución Administrativa sobre derechos y obligaciones previsionales, esta será pasible de ser revisada por el Tribunal administrativo Previsional a través de un recurso de apelación. Es así que, a continuación, se mostrará la forma de realizar este recurso al Tribunal Previsional teniendo en cuenta los especiales requisitos del mismo, sin perjuicio que resulta de aplicación el principio de informalidad. Sugerimos revisar los pies de página que justifican cada parte del recurso de apelación (AUTOR: JOSÉ MARÍA PACORI CARI).

Modelo de Recurso de Apelación ante el Tribunal Administrativo Previsional

EXPEDIENTE: (indicar el número de expediente)
SUMILLA: INTERPONGO RECURSO DE APELACIÓN

SEÑORES VOCALES DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PREVISIONAL[1]

(Nombres y Apellidos del Impugnante), con DNI (…), con domicilio real en (…)[2]; a Ud., respetuosamente, digo:

Dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes de haber sido notificado el acto administrativo que se impugna[3]:

I.- PETITORIO[4]
Como pretensión principal, interpongo recurso administrativo de APELACIÓN en contra de la Resolución 0000065137-2016-ONP/DPR.GD/DL 19990 para que se declare su nulidad total por contravenir la Constitución y la Ley al aplicarse indebidamente el art. 81 del Decreto Ley 19990 e inaplicación del art. 1240 del Código Civil; y, como consecuencia:
Como pretensión accesoria, solicito se disponga el abono de las pensiones devengadas a partir del 07 de junio de 2012 y no a partir del 03 de octubre de 2015, más los intereses legales.

II.- FUNDAMENTOS DE HECHO

II.1.- ANTECEDENTES
1.- El 20 de octubre de 2016, se emite la Resolución 0000058377-2016-ONP/DPR.GD/DL 19990 que en su cuarto considerando indica lo siguiente “Que, de la Solicitud de Prestaciones Económicas (…), se ha constatado que la recurrente solicitó el otorgamiento de la Pensión de Prorroga de Orfandad por Estudios, el 03 de octubre de 2016, motivo por el cual el inicio de las pensiones devengadas se genera a partir del 03 de octubre de 2015, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 81 del Decreto Ley 19990, el mismo que establece que sólo se abonarán pensiones devengadas correspondientes a un período no mayor de doce meses anteriores a la presentación de la solicitud de la beneficiaria.”
2.- Contra este criterio, interpuse recurso administrativo de reconsideración.
3.- El 29 de noviembre del 2016, se emite la Resolución 0000065137-2016-ONP/DPR.GD/DL 19990 que declara improcedente mi recurso de reconsideración sustentado en “Que, con fecha 14 de noviembre de 2016, interpone Recurso de Reconsideración contra la Resolución 0000058377-2016-ONP/DPR.GD/DL 19990, de fecha 20 de octubre de 2016, argumentando que viene estudiando ininterrumpidamente y que por desconocimiento no pudo realizar los trámites para seguir cobrando su pensión de orfandad, por lo tanto solicita se realice una nueva liquidación de pensión desde el 07 de junio de 2012, cabe indicar que, no anexa documentos nuevos y/o información adicional.”

II.2.- CUESTIÓN DE PURO DERECHO[5]
4.- El conflicto de puro derecho que motiva el presente recurso, se refiere a la fecha desde la cual se debe de proceder al pago de los devengados, esto es, desde la fecha en que se concede la prórroga (07-06-2012) o desde la fecha en que se presentó la solicitud de prórroga (03-10-2015).
5.- La ONP para resolver el conflicto indicado se sustenta en la aplicación del artículo 81 del Decreto Ley 19990 que indica “Sólo se abonarán las pensiones devengadas correspondientes a un período no mayor de doce meses anteriores a la presentación de la solicitud del beneficiario.”
6.- Señores Vocales, el artículo 81 del Decreto Ley 19990 no resulta aplicable al presente caso puesto que mi caso se refiere a Otorgar la Prórroga de la Pensión de Orfandad por Estudios solicitada a doña (…), a partir del 07 de junio de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2016.”
7.- Lo anterior significa que el presente caso se refiere a la continuación de una pensión que ya se venía otorgando, mientras que el art. 81 del Decreto Ley 19990 se refiere al caso de una solicitud inicial que no presupone la existencia de otra solicitud.
8.- Mientras en mi caso la solicitud de prórroga se sustenta en una solicitud inicial de pensión de orfandad, la aplicación del art. 81 del Decreto Ley 19990 se refiere a estas solicitudes iniciales que implican que con anterioridad no se presentaron otras solicitudes; en el presente caso no es aplicable el artículo 81 de Decreto Ley 19990 puesto que la prórroga de mi pensión de orfandad no es una solicitud inicial, sino la continuación de pago de una prestación económica de orfandad que ya se entregó en mérito a una solicitud inicial, será esta solicitud inicial la que se sujeta al art. 81 del Decreto Ley 19990 más no se encuentra sujeta a este artículo su prórroga o continuación de entrega.
9.- De esta manera, al no existir plazo para este supuesto especial, resulta de aplicación supletoria lo dispuesto en el artículo 1240 del Código Civil que indica “Si no hubiese plazo designado, el acreedor puede exigir el pago inmediatamente después de contraída la obligación.”
10.- Es así que si el otorgamiento de la prórroga de la pensión de orfandad por estudios se dio a partir del 07 de junio de 2012, al no existir plazo conforme a lo indicado, la beneficiaria puede exigir el pago inmediatamente después de contraída la obligación, esto es, a partir del 07 de junio de 2012 y no desde el 03 de octubre de 2015.

III.- PRUEBAS INSTRUMENTALES[6]
Copia de mi certificado de estudios con lo que acredito que durante el periodo desde que se otorgó la prórroga ya venía cursando los estudios profesionales a los que hace referencia la ley.

IV.- ANEXOS
1-A Copia de mi Documento Nacional de Identidad.
1-B Copia de la Resolución 0000065137-2016-ONP/DPR.GD/DL 19990
1-C Copia de mi Certificado de Estudios.

POR LO EXPUESTO:
A UD. pido dar al presente recurso el trámite que le corresponda.

PRIMERO OTROSI.- Adjunto copia simple del escrito y sus recaudos[7].

SEGUNDO OTROSI.- Sin perjuicio del recurso de apelación interpuesto y sin que implique renuncia a los derechos que solicito se me reconozca, comunico que hare uso, como parte de pago, de los devengados que se hubieren depositado a mi favor, sin que tal cobro implique aceptación de pago de devengados en el monto otorgado y por el plazo concedido, siendo que realizo dicho cobro por necesidades de estudio y supervivencia.

Arequipa, 20 de diciembre de 2016.

(Firma del impugnante, por disposición expresa no se requiere que el recurso esté autorizado por abogado)[8]



[1] “El recurso de apelación debe ser dirigido al Tribunal Administrativo Previsional, y deberá cumplir con los siguientes requisitos: 1.- Ser presentado ante la Mesa de Partes de la Entidad que emitió el acto administrativo que se desea impugnar o en los Centros de Atención de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) a nivel nacional, cuando el acto administrativo que se impugna fue emitido por la Oficina de Normalización Previsional (ONP).” (Art. 10, inciso 1, Decreto Supremo 385-2015-EF)
[2] “Identificación del impugnante, sea el titular del derecho y/o beneficiario, debiendo consignar su nombre y apellidos completos, domicilio y número de documento nacional de identidad o carné de extranjería. En caso de actuación mediante representante, se acompañará el poder respectivo.” (Art. 10, inciso 2, D. S. 385-2015-EF)
[3] “El recurso de apelación se interpone dentro de los quince (15) días siguientes de haber sido notificado el acto administrativo que desea impugnar.” (Art. 14 D. S. 385-2015-EF).
[4] “El petitorio, que comprende la determinación clara y concreta de lo que se solicita.” (Art. 10, inciso 3, D. S. 385-2015-EF)
[5] “Mediante el recurso de apelación se impugnan los actos administrativos de la Entidad que resolvió sobre derechos y obligaciones previsionales, y que hayan puesto fin a la primera instancia administrativa; siempre que se sustente en diferente interpretación de las pruebas o se trate de cuestiones de puro derecho”. (Art. 9 D. S. 385-2015-EF)
[6] “Las pruebas instrumentales que el impugnante estime pertinentes, enumeradas correlativamente.” (Art. 10, Inciso 4, D. S. 385-2015-EF)
[7] “Copia simple del escrito y sus recaudos, salvo que el acto impugnado haya sido emitido por la Oficina de Normalización Previsional.” (Art. 10, inciso 6 D. S. 385-2015-EF)
[8] “La firma del impugnante sea titular y/o beneficiario; o del apoderado. No se requiere que el recurso esté autorizado por abogado.” (Art. 10, inciso 5, D. S. 385-2015-EF)


14/12/16

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A PARTIR DEL 16 DE DICIEMBRE SE PODRÁ NEGOCIAR REMUNERACIONES EN EL ESTADO

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A PARTIR DEL 16 DE DICIEMBRE SE PODRÁ NEGOCIAR REMUNERACIONES EN EL ESTADO

Por José María Pacori Cari
Socio de la Asociación Española del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Catedrático de la UJCM

Conforme a la consulta de causas del Tribunal Constitucional, con fecha 18 de setiembre del 2015 se publicó en el Diario Oficial “EL Peruano”, la Sentencia del Tribunal Constitucional (Pleno Jurisdiccional) recaído en los Expedientes 0003-2013-PI/TC, 0004-2013-PI/TC y 0023-2013-PI/TC (Caso Ley de Presupuesto Público), esta sentencia se refiere al caso de la Negociación Colectiva de Remuneraciones en el Sector Público (véase file:///C:/Users/JOSE/Documents/inconstitucional%20presupuesto%2000003-2013-AI%2000004-2013-AI%2000023-2013-AI.pdf), y dispuso lo siguiente:

“FALLO
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO
1. Declarar INCONSTITUCIONAL la prohibición de negociación colectiva para incrementos salariales de los trabajadores de la Administración Pública contenida en las disposiciones impugnadas; en consecuencia, FUNDADAS EN PARTE, por el fondo, las demandas de inconstitucionalidad interpuestas contra el artículo 6 de la Ley 29951, de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013; por tanto, se declara:

a) INCONSTITUCIONALES las expresiones "[...] beneficios de toda índole
[...]” y “[...] mecanismo [...]”, en la medida en que no se puede prohibir de modo absoluto el ejercicio del derecho fundamental a la negociación colectiva en la Administración Pública que implique acuerdos relativos a los incrementos remunerativos; y, b) INCONSTITUCIONAL, por conexión, y por reflejar una situación de hecho inconstitucional, la prohibición de negociación colectiva para incrementos salariales contenida en los artículos 6 de la Ley 30114, de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, y 6 de la Ley 30182, de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015.

2. EXHORTAR al Congreso de la República a que, en el marco de sus atribuciones y, conforme a lo señalado en el fundamento 71 de la presente sentencia, apruebe la regulación de la negociación colectiva acotada, a partir de la primera legislatura ordinaria del periodo 2016-2017 y por el plazo que no podrá exceder de un año, lapso dentro del cual se decreta la vacado sententiae del punto resolutivo N° 1 de esta sentencia.” (El subrayado es nuestro)

Conforme al fallo indicado, lo dispuesto en el punto resolutivo 1 se suspende hasta que se apruebe la regulación de la negociación colectiva a partir de la primera legislatura ordinaria del periodo 2016-2017 y por el plazo que no podrá exceder de un (1) año.

Examinemos la vigencia de esta suspensión en la actualidad (hoy):

1.- La Primera Legislatura Ordinaria del Periodo 2016-2017, conforme a la página web del Diario Oficial “El Peruano” (véase http://www.elperuano.com.pe/noticia-instalan-primera-legislatura-ordinaria-para-20162017-44136.aspx), el 28 de julio del 2016 se Instaló la primera legislatura ordinaria para el 2016-2017, situación que nos obliga a establecer cuanto debe de durar esta legislatura, para responder lo indicado nos remitimos al art. 49 del Reglamento del Congreso (véase http://www.congreso.gob.pe/Docs/files/documentos/reglamento-15-07-2016.pdf) que indica “Dentro del período anual de sesiones, habrá dos períodos ordinarios de sesiones o legislaturas: a) El primero se inicia el 27 de julio y termina el 15 de diciembre. B) El segundo se inicia el 01 de marzo y termina el 15 de junio”.  De esta manera, la primera legislatura ordinaria del periodo 2016-2017 se inició el 27 de julio del 2016 y culmina el 15 de diciembre de 2016 (esto es mañana).
2.- Sobre el plazo que no debe de exceder de un año, si la sentencia se publicó en El Diario Oficial Peruano el 18 de setiembre del 2016 (véase http://www.tc.gob.pe/tc/causas/exp-a24d703b6c96f46b715d5bdf923f5a4a) este plazo también habría vencido a la fecha (incluso ya vencido dentro de la primera legislatura ordinaria del periodo 2016-2017).

Conforme a la interpretación dada (interpretación favorable al trabajador), a partir del 16 de diciembre del 2016 resulta de aplicación el punto resolutivo 1 de la STC antes indicada, siendo posible a partir de esta fecha exigir que las autoridades administrativas cumplan con la Sentencia y negocien los incrementos remunerativos respectivos para los trabajadores del Sector Público Nacional.


Arequipa, 14 diciembre de 2016.


7/12/16

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¿CÓMO RECLAMAR EL NO PAGO OPORTUNO DE REMUNERACIONES? – MODELO DE ESCRITO DE CESE DE ACTO DE HOSTILIDAD POR FALTA DE PAGO OPORTUNO DE LA REMUNERACIÓN

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¿CÓMO RECLAMAR EL NO PAGO OPORTUNO DE REMUNERACIONES? – MODELO DE ESCRITO DE CESE DE ACTO DE HOSTILIDAD POR FALTA DE PAGO OPORTUNO DE LA REMUNERACIÓN
José María Pacori Cari
Socio de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y Seguridad Social

ÁREA: DERECHO DEL TRABAJO
LÍNEA: REMUNERACIONES

El plazo de pago de la remuneración del trabajador puede ser convencional (establecido en el contrato o convenio colectivo) o legal (previsto en la ley en caso de no haber convenio). En este último caso, nos remitimos a lo previsto en el artículo 1240 del Código Civil, de aplicación supletoria, que indica “Si no hubiese plazo designado, el acreedor puede exigir el pago inmediatamente después de contraída la obligación.” De esta manera, en caso de no existir plazo convencional, el trabajador puede exigir el pago de su remuneración inmediatamente después de  cumplida la prestación de servicios mensual, quincenal o semanal. De no producirse el pago oportuno, el trabajador puede recurrir al Inspector de Trabajo (trabajadores del régimen laboral D. Leg. 728) o también solicitar el cese de actos de hostilidad. Este cese de acto de hostilidad sería como sigue:

Modelo de reclamo de no pago oportuno de remuneraciones como cese de hostilidad

Arequipa, 07 de diciembre de 2016.

SEÑOR (Indicar el nombre o denominación de su empleador o encargado de resolver su pedido)

Presente.-
Asunto: Emplazamiento de imputación de acto de hostilidad

De mi consideración:

Atento saludo a su persona, la presente es para emplazarlo por escrito imputándole el acto de hostilidad consistente en la falta de pago de la remuneración en la oportunidad correspondiente, puesto que desde hace más de (…) meses se viene retrasando el pago de mi remuneración en un periodo de (…) días situación que me perjudica a mí y a mi familia, por lo que le otorgo el plazo razonable no menor de seis días naturales para que, efectúe su descargo o enmiende su conducta, según sea el caso.

Sustento mi pedido en el artículo 30, literal a) del Decreto Supremo 003-97-TR que indica “Son actos de hostilidad equiparables al despido los siguientes: a) La falta de pago de la remuneración en la oportunidad correspondiente”.

Sin otro particular quedo de Ud.

Atentamente,

(Firma del Trabajador)
(Nombres y Apellidos)
(DNI)

(Dirección)


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