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La presente Bitácora esta a cargo de JOSÉ MARÍA PACORI CARI, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad José Carlos Mariátegui en el Perú, Socio de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Miembro de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, Articulista en el Suplemento La Gaceta Jurídica del Diario La Razón en Bolivia, Colaborador en la Revista Administración & Control del Perú, Abogado especialista en Derecho Administrativo y Derecho Laboral.

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28/11/14

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DEMANDA DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS EN CONTRA DEL ESTADO ¿EL ESTADO PUEDE PAGAR UNA INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS AL ADMINISTRADO?

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DEMANDA DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS EN CONTRA DEL ESTADO ¿EL ESTADO PUEDE PAGAR UNA INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS AL ADMINISTRADO?

José María Pacori Cari
Profesor Titular de la Cátedra de Derecho Administrativo de la Universidad La Salle

Para Evans Alarcón Cuty, por darme la idea

Las Entidades del Estado en su actuar pueden causar daños y perjuicios a los Administrados, lo cual genera la denominada responsabilidad civil, la cual se materializa en una demanda de indemnización por daños y perjuicios. En el proceso penal, esta responsabilidad civil se denomina reparación civil que no es más que la demanda de indemnización por daños y perjuicios que se tramita en el proceso civil.
En nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 238 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General – establece que “Los administrados tendrán derecho a ser indemnizados por las entidades de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos”, esto también se denomina Responsabilidad de la administración pública.
Ahora bien, para que se configure el pago de una indemnización por daños y perjuicios es necesario que se den los siguientes elementos:

1.- La acción humana, es el primer requisito del nacimiento de la responsabilidad, esto significa en el campo del Derecho Administrativo que la responsabilidad debe ser consecuencia del actuar de la Administración Pública a través de los servidores públicos que la componen. Cuando la entidad indemnice a los administrados, podrá repetir judicialmente de autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido.
2.- La antijuricidad,  por la cual la conducta antes indicada debe ser contraria al ordenamiento jurídico, lo que significa que se puede dar una conducta que cause daño pero que puede ser acorde al ordenamiento jurídico en este caso no se puede indemnizar.
3.- La imputabilidad o los factores de atribución, imputar implica atribuir a una persona una acción u omisión contrarias a ley, omnicomprensiva tanto de la culpa como del dolo.
4.- Daño, sin daño no existe reparación, cuando se habla de daño se hace referencia al resultado de la acción humana antijurídica que ha causado detrimento, perjuicio o menoscabo en algún bien. En el caso del daño que cause el Estado este debe ser efectivo, valuable económicamente e individualizado con relación a un administrado o grupo de ellos (véase art. 238.3 Ley 27444)
5.- Causalidad, es el nexo de unión que necesariamente debe de existir entre la acción y el daño producido, esto significa que entre el resultado dañoso y el hecho imputable desde de existir una relación de causa – efecto. Ha de probarse que el daño proviene a consecuencia de la acción.
Como se verifica, para demandar una indemnización por daños y perjuicios en contra del estado se debe de indicar de manera detallada estos elementos de la responsabilidad civil para facilitar al juez la labor de administrar justicia. Por otro lado, es importante precisar que esta responsabilidad civil no impide tramitar la responsabilidad administrativa y penal que se genere. A continuación le ofrecemos un modelo de Demanda de Indemnización por daños y perjuicios en contra del Estado (indicamos que esta indemnización también se puede tramitar en un proceso contencioso administrativo, pero como una pretensión accesoria a una principal, en este caso, se simula una demanda de indemnización que tiene como pretensión principal la indemnización razón por la cual se tramita conforme a las normas del Código Procesal Civil y en un Proceso Civil).

Modelo de demanda de indemnización por daños y perjuicios
EXPEDIENTE       :
ESPECIALISTA    :
ESCRITO              :
SUMILLA             : DEMANDA INDEMNIZACIÓN DAÑOS Y PERJUICIOS EN CONTRA DEL ESTADO

SEÑOR JUEZ ESPECIALIZADO EN LO CIVIL
(NOMBRES Y APELLIDOS DEL AFECTADO), con DNI (…), con domicilio real en (…), con domicilio procesal en (…), con casilla electrónica en (…); a Ud., respetuosamente, digo:

I.- DEL DEMANDADO Y SU DIRECCIÓN
La Municipalidad Provincial de (…) debidamente representado por (…) a quien se notificará en (…)

II.- PETITORIO
Interpongo demanda de daños y perjuicios en contra del Estado para que se disponga el pago por daño emergente de S/. 40 000.00 nuevos soles, más los intereses que se hubieren generados.

III.- FUNDAMENTOS DE HECHO
1.- (Narrar los hechos que generaron el daño)
2.- Se indican los siguientes elementos de la responsabilidad
A.- La acción, es el incumplimiento del pago de contrato de suministro por más de dos años por parte de la entidad demandada.
B.-  La anterior acción es antijurídica por cuanto contraviene las normas de ejecución de las obligaciones previstas en el Código Civil.
C.- Es imputable la conducta por cuanto el actuar de la entidad fue doloso puesto que conocía de la demora injustificada en mi pago.
D.- El daño emergente es directamente al capital empleado en cumplir con el contrato de suministro sin obtener el pago adecuado en el momento oportuno situación que ha producido el cierre del local.
E.- Existe una relación de causalidad, por cuanto de haberse producido el pago en tiempo oportuno mi negocio no habría fracasado.

IV.- FUNDAMENTOS DE DERECHO
Se sustenta el presente escrito en el artículo 238 de la Ley 27444 que regula la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública.

V.- MONTO DEL PETITORIO
Es la suma de 40 000 nuevos soles por daño emergente, más los correspondientes intereses legales.

VI.- VÍA PROCEDIMENTAL
Vía del proceso abreviado por la cuantía.

VII.- MEDIOS PROBATORIOS
(Indicar los medios de prueba que acreditan cada uno de los elementos de la responsabilidad civil)

VIII.- ANEXOS
1-A Copia del DNI (indicar los documentos que anexará a la demanda)

POR LO EXPUESTO:
A UD. Pido admitir a trámite la demanda.

Arequipa, 28 de noviembre de 2014.




27/11/14

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MODELO DE NULIDAD DE NOTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA – PEDIDO DE ABSTENCIÓN A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA – DENUNCIA ADMINISTRATIVA

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ÁREA: DERECHO ADMINISTRATIVO
LÍNEA: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

En esta entrada le ofrecemos un modelo de escrito administrativo que implica pedidos adicionales a través de la utilización de los OTROSIS. Un escrito administrativo no sólo puede contener un pedido, sino que puede contener varios, esto en atención al principio de informalidad. En este modelo Ud. Encontrará como se pide la nulidad de una notificación administrativa, la cual ha sido realizada sin respetar el periodo de tres días que debe de existir entre la notificación y la citación a comparecer de un administrado. Asimismo, encontrará una denuncia administrativa (primer otrosí) en donde se hace ver a la autoridad administrativa la falta en la que ha incurrido, se deja a salvo el derecho de recurrir al superior de esta autoridad (la falta evidente es no dejar ver un expediente administrativo). Por último, el segundo otrosí, se refiere al pedido de abstención que realiza el administrado en contra de la autoridad administrativa. Como se verificar estos pedidos se realizan en un procedimiento ante la Gobernatura, y se refieren a hechos reales que acontecen. En el escrito encontrará las normas jurídicas que sustentan cada pedido para instruir al lector en la importancia de la mención de leyes y la justificación de los pedidos. (AUTOR: JOSÉ MARÍA PACORI CARI)

Modelo de nulidad de notificación administrativa, pedido de abstención y denuncia administrativa

SUMILLA: DENUNCIO CONTRAVENCIÓN A LA LEY, SOLICITO NULIDAD DE NOTIFICACIÓN DE GOBERNACIÓN Y PIDO ABSTENCIÓN.

SEÑOR GOBERNADOR DEL DISTRITO DE (…)

(INDICAR EL NOMBRE Y APELLIDO DEL INTERESADO), por derecho propio y en su calidad de Presidente del Frente de Defensa de (…), con DNI (…), con domicilio real en (…); a UD., respetuosamente, digo:

1.- Con fecha 25-11-2014 se me ha puesto en conocimiento la NOTIFICACIÓN DE GOBERNACIÓN Nro. …- 2014-ONAGI-1608/GU.DGGI, por la que se me indica que me debo de presentar el 27 de noviembre de los corrientes.
2.- La situación antes descrita viola el artículo 59.1.4 de la Ley 27444 que indica “El citatorio se rige por el régimen común de la notificación, haciendo constar en ella lo siguiente: (…) 59.1.4.- El día y hora en que debe comparecer el citado, que no puede ser antes del tercer día de recibida la citación (…)”
3.- En el presente caso, entre la fecha de notificación (25-11-2014) y la fecha de la comparecencia (27-11-2014), no existe la diferencia de tres días que establece la Ley 27444, por lo que se ha incurrido en una ilegalidad manifiesta, que hace entrever una situación de favorecimiento a una de las partes.

Dentro de este contexto,

Expresión concreta de lo pedido
Solicito se deje sin efecto y se declare nula la NOTIFICACIÓN DE GOBERNACIÓN Nro. …- 2014-ONAGI-1608/GU.DGGI y se disponga una nueva notificación cautelando las normas de un procedimiento regular conforme al art. 10, inciso 2, y art. 3, inciso 5 de la Ley 27444, razón que justifica mí no asistencia a la citación indicada.

POR LO EXPUESTO:
A UD. Pido acceder a mi pedido.

PRIMERO OTROSI.- Por otro lado, el día de ayer (26-11-2014) nos apersonamos a las instalaciones de la Gobernación para revisar el expediente que genera la citación, sin embargo, no se nos ha dejado verlo, por lo que se ha contravenido el art. 55, inciso 3 de la Ley 27444 que establece que “Son derechos de los administrado con respecto al procedimiento administrativo, los siguientes: (…) 3.- Acceder, en cualquier momento, de manera directa y sin limitación alguna a la información contenida en los expedientes de los procedimientos administrativos en que sean partes (…)”
Esta situación de no dejarnos revisar el expediente en donde somos parte constituye una grave falta administrativa prevista en el art. 239, inciso 9 de la Ley 27444 que considera falta administrativa “Incurrir en ilegalidad manifiesta”.  De continuar con situaciones de violación al debido procedimiento, me veré en la necesidad de presentar la correspondiente denuncia administrativa ante la autoridad del ONAGI para su destitución del cargo de Gobernador

SEGUNDO OTROSI.- De todo lo anterior se puede verificar una situación de parcialidad a favor del Sr. (…), se ve también sustentada con los siguientes documentos (enumera la constatación y fotos que tengas), documentos con los cuales se acredita una situación de amistad con el Sr. (…) y enemistad hacia el Sr. (…)
En efecto, el art. 88, inciso 4 de la Ley 27444 establece como causal de abstención de la autoridad administrativa Cuando tuviere amistad íntima, enemistad manifiesta o conflicto de intereses objetivo con cualquiera de los administrados intervinientes en el procedimiento, que se hagan patentes mediante actitudes o hechos evidentes en el procedimiento.”
Dentro de este contexto,

Expresión concreta de lo pedido
Conforme a los artículo 88 y siguientes de la Ley 27444, solicitamos se sirva abstenerse de seguir conociendo el presente procedimiento administrativo por estar incurso evidentemente en una causal de abstención, caso contrario nos veremos en la imperiosa necesidad de recurrir a la OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO INTERIOR (ONAGI) para que proceda conforme a sus atribuciones, sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil que se genere.


Arequipa, 27 de noviembre de 2014. 

(Firma del interesado, no requiere firma de abogado)


26/11/14

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LIBRO REDACCIÓN JURÍDICA AUTOR JOSÉ MARÍA PACORI CARI

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Ofrecemos al público una guía estructurada de los principales escritos que se pueden desarrollar en una carrera de Derecho, espero les sirva, recuerde que el estudio de la teoría no tiene sentido si no sabemos cómo usarla, en este caso la teoría nos facilita la realización de escrito (AUTOR: JOSÉ MARÍA PACORI CARI)




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CASACIÓN 652 2012 LIMA (PUBLICADO 30-10-2014) COSA DECIDIDA Y PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA

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La semana pasada el Presidente del Poder Judicial del Perú indicó que el Poder Judicial hará previsible la justicia a través de la unificación de la jurisprudencia, ello para garantizar la seguridad jurídica de las personas que invierten en el Perú, esta Casación que se observa es una manifestación de esta declaración, puesto que se utiliza la figura de la cosa decidida para garantizar la seguridad jurídica en el Perú (AUTOR JOSÉ MARÍA PACORI CARI)




24/11/14

22/11/14

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MANUAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO AUTOR: JOSÉ MARÍA PACORI CARI

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En esta entrada le ofrecemos el enlace para acceder a un Manual realizado por mi persona sobre el Derecho Administrativo, le servirá de guía e introducción a la rama más hermosa del Derecho, la rama del Derecho que estudia las relaciones de los Administrados con la Administración Pública (AUTOR: JOSÉ MARÍA PACORI CARI)




20/11/14

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PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO COMO VÍA IDÓNEA DE TUTELA DE DERECHOS

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A continuación un artículo sobre el contencioso administrativo como la vía idónea, para la tutela de derechos, nuestra propuesta es la creación de una vía procedimental contenciosa administrativa de tutela de derechos (AUTOR: JOSÉ MARÍA PACORI CARI)




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MODELO DE DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PAGO DE INTERESES LEGALES DEL DECRETO DE URGENCIA 037-94

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ÁREA: DERECHO ADMINISTRATIVO
LÍNEA: EMPLEO PÚBLICO

Uno de nuestros lectores me pidió este modelo, me alcanzó algo de tiempo, así que me puse a realizarlo. Este modelo es mejorado al modelo que interpuse en la vida real a la Corte de Justicia, se admitió la demanda y se obtuvo sentencia favorable, como se indicó en entradas anteriores todo documento puede ser perfeccionado por nuestros lectores quienes son libres de modificar y ampliar estos escritos. En esta entrada considero importante tengan en cuenta las referencias de pie de página. Recuerde que toda demanda de cobro de intereses debe contar con tres elementos: fecha desde la cual se computan los intereses, fecha hasta la cual se computan los intereses y monto respecto del cual se generan los intereses (AUTOR: JOSÉ MARÍA PACORI CARI)

Modelo de demanda de pago de interese legales de los devengados del D. U. 037-94

EXPEDIENTE      :
ESPECIALISTA   :
ESCRITO              :   01-2014
SUMILLA             : DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE COBRO DE INTERESES LEGALES DEL DECRETO DE URGENCIA 037-94

SEÑOR JUEZ ESPECIALIZADO DE TRABAJO – SUB ESPECIALIDAD CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA[1]

(NOMBRES Y APELLIDOS DEL DEMANDANTE), con DNI (…), con domicilio real en (…), con domicilio procesal en (…), con domicilio electrónico en (indicar casilla electrónica dada por el Poder Judicial); a Ud., respetuosamente digo:

I.- DEMANDADOS Y DIRECCIÓN DOMICILIARIA
1.- GERENCIA[2] REGIONAL DE SALUD DE (…), debidamente representado por (…) a quien se notificará en (…)
2.- GOBIERNO REGIONAL DE (…) debidamente representado por su Presidente Regional (…) a quien se le notificará en (…)

II.- EMPLAZADO
En defensa de los intereses del Estado se debe de emplazar al PROCURADOR A CARGO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES DEL GOBIERNO REGIONAL DE (…) a quien se le notificará en (…)[3]

III.- PETITORIO
Interpongo demanda contencioso administrativa para que se disponga el pago de los intereses legales generados por el no pago oportuno de los devengados derivados del no pago oportuno del Decreto de Urgencia 037-94 desde el 01 de julio de 1994 (fecha de aplicación de la norma) hasta la fecha de pago total de la deuda (indicar la fecha), actuación a la que se encuentra obligada conforme a lo dispuesto en los artículos 1244 y 1245 del Código Civil[4].

IV.- EXCEPCIÓN AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA
Siendo que lo que se solicita es el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 1244 y 1245 del Código Civil, actuación a la que se encuentra obligada por mandato de la ley, me encuentro en la excepción al agotamiento de la vía administrativa prevista en el inciso 2, artículo 21 del TUO de la Ley 27584, habiendo cumplido con cursar el escrito de reclamación correspondiente para que la autoridad cumpla con la actuación a la que se encuentra obligada por mandato de la ley[5].

V.- ACTUACIÓN IMPUGNABLE
Conforme al artículo 4, inciso 2 del TUO de la Ley 27584, la actuación impugnable en el presente caso es la inercia de la Administración pública al no pagar los intereses legales solicitados conforme al artículo 1244 y 1245 del Código Civil.

VI.- PRETENSIÓN IMPUGNATORIA
Conforme al artículo 5, inciso 4, del TUO de la Ley 27584, la pretensión impugnatoria en el presente caso es que “Se ordene a la administración demandada la realización de una determinada actuación a la que se encuentre obligada por mandato de la Ley o en virtud de acto administrativo firme”.

VII.- FUNDAMENTOS DE HECHO
1.- Soy trabajador del (indicar centro de trabajo) bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 276.
2.- Por resolución (indicar el número de la resolución administrativa) se reconoció el pago de devengados derivados del no pago oportuno del Decreto de Urgencia 037-94.
3.- El monto reconocido es de S/. (Indicar el monto de pago de devengados) nuevos soles, siendo que dicho adeudo se calculó desde el 01 de julio de 1994 (fecha de dación de la norma) hasta (indicar la fecha hasta la cual se calculó los devengados)
4.- Estos devengados se terminaron de pagar a mi persona el (indicar la fecha de cumplimiento de pago íntegro de los devengados), fecha hasta la cual se debe de calcular el pago de devengados.
5.- Sin embargo, pese a los artículos 1244 y 1245 del Código Civil no se cumple con pagarme los intereses legales que se han generado como consecuencia del no pago oportuno de los devengados de D. U. 037-94

VIII.- FUNDAMENTOS DE DERECHO
La presente demanda se sustenta en el incumplimiento del artículo 1244 del Código Civil que establece que “La tasa de interés legal es fijada por el Banco Central de Reserva del Perú”, y el incumplimiento del artículo 1246 del Código Civil que establece que “Cuando deba pagarse interés, sin haberse fijado a tasa, el deudor debe abonar el interés legal”, el cumplimiento de estas normas es lo que se demanda en la presente demanda.

IX.- MONTO DEL PETITORIO
Siendo que la presente demanda es para el cumplimiento de normas legales no es cuantificable en dinero.[6]

X.- VÍA PROCEDIMENTAL
La vía del proceso de urgencia.[7]

XI.- MEDIOS PROBATORIOS
1.- Copia fedateada de la resolución que dispone el pago de devengados del Decreto de Urgencia 037-94, con lo que acredito el monto respecto del cual se han generado intereses y la fecha desde la cual se ha realizado el cálculo.
2.- Constancias pago de devengados del Decreto de Urgencia 037-94 con lo que se acredita la fecha última en la cual se me pagó el devengado, para que el cálculo de los intereses se realice hasta esa fecha.
3.- Escrito de reclamación cursado a la entidad demandada para que cumpla con pagarme los intereses legales conforme a lo dispuesto en el art. 1244 y 1245 del Código Civil.[8]

XII.- ANEXOS 
1-A Copia fedateada de la resolución que dispone el pago de devengados del Decreto de Urgencia 037-94, con lo que acredito el monto respecto del cual se han generado intereses y la fecha desde la cual se ha realizado el cálculo.
1-B Constancias pago de devengados del Decreto de Urgencia 037-94 con lo que se acredita la fecha última en la cual se me pagó el devengado.
1-C Escrito de reclamación cursado a la entidad demandada para que cumpla con pagarme los intereses legales conforme a lo dispuesto en el art. 1244 y 1245 del Código Civil.
1-D Copia de mi Documento Nacional de Identidad[9]

POR LO EXPUESTO:
A UD. Pido admitir a trámite la demanda.

Arequipa, 20 de noviembre de 2014.

(Firma de abogado y nombre del demandante)





[1] Por disposición de la Nueva Ley Procesal de Trabajo, estas demandas se tramitan ante el Juez Especializado en lo Laboral, es probable que en algunos distritos judiciales no esté en vigencia esta norma procesal por lo que se deberá de tramitar ante el Juzgado Especializado Civil.
[2] En algunos casos será una Dirección Regional, en otros puede ser otra entidad, en específica esta parte se refiere a la entidad donde presta servicios y le pagaron el Decreto de Urgencia 037-94
[3] El Procurador Público no es demandado sino defensor abogado del Estado por eso se indica en calidad de emplazado.
[4] Esto es lo que hace que la demanda sea una demanda contencioso administrativa de cumplimiento.
[5] Conforme a la norma indicada no es necesario agotar la vía administrativa en estos casos, sin embargo, deberá presentar a la entidad a demandar un escrito de reclamación de cumplimiento de las normas antes indicadas, luego de presentado este escrito se esperan quince días hábiles, si no se cumple con pagar los intereses legales se procede a la presentación de la demanda. Recuerde esperar quince días hábiles después de presentado el escrito de reclamación.
[6] Puede suceder que Ud. Haga una pericia de parte para determinar el monto de los intereses, en este caso se indica esto en el petitorio y se indica monto del petitorio.
[7] La norma establece que para el caso del proceso contencioso de cumplimiento corresponde la vía procedimental de urgencia, sin embargo, el Juez de oficio y si lo considera pertinente puede cambiar esta vía procedimental a la especial.
[8] También podría ofrecer como medio de prueba la realización de una pericia contable a cargo de un perito del Poder Judicial, esta para determinar por anticipado el monto de los intereses legales generados.
[9] Si ofrece la pericia deberá de agregar un pliego pericial abierto.


5/11/14

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MODELO DE SOLICITUD ADMINISTRATIVA DE APERSONAMIENTO DE TERCERO ADMINISTRADO Y OPOSICIÓN A PEDIDO DE SUSPENSIÓN

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ÁREA: DERECHO ADMINISTRATIVO
LÍNEA: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Es común que los trabajadores participen en procedimientos administrativos que generen derechos subjetivos e intereses legítimos, también es posible que respecto de este procedimiento administrativo existan terceros que resultarán perjudicados en sus derechos e intereses. El presente modelo se sustenta en un caso real, en el cual un administrado pide la suspensión de un procedimiento, sin tomar en cuenta que dicha suspensión perjudica a otro administrado, en este sentido, este último administrado adquiere la calidad de tercero administrado que deberá de apersonarse al procedimiento administrativo iniciado por el primer administrado y, de ser el caso, oponerse a las solicitudes presentadas cuyas resoluciones puedan perjudicarlo. Espero sea de ayuda este escrito para la defensa de sus derechos, en el escrito encontrará la normatividad que justifica el pedido y algunas estrategias jurídicas para comunicar a la autoridad administrativa el error que puede cometer (AUTOR: JOSÉ MARÍA PACORI CARI).

Modelo de escrito de apersonamiento de tercero al procedimiento administrativo y oposición a las solicitudes de otros administrados

EXPEDIENTE         : 004165
SUMILLA                 : SOLICITO SE ME TENGA COMO TERCERO ADMINISTRADO AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y ME OPONGO A PEDIDO DE SUSPENSIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y ASCENSO DE PERSONAL.

SEÑOR DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE (…)

(Nombre del tercero perjudicado), con DNI 40226945, con domicilio en calle Buenos Aires 123 Chacas, Ancash; a Ud., respetuosamente, digo:

I.- ANTECEDENTES
1.- La suscrita es nombrada en el cargo de Técnico Administrativo I a partir del 28 de agosto de 2011.
2.- En estas circunstancias vengo participando en el Proceso de Evaluación y Ascenso de Personal dispuesto por su despacho.
3.- El mencionado proceso de ascenso se lleva a cabo luego de un proceso de rotación realizado y respecto del cual se ha dejado vacante el cargo de Especialista Administrativo en Personal, plaza a la que postulo y he sido declarada apta en el Proceso de Evaluación y Ascenso de Personal.
4.- Es del caso que la persona que participó en el proceso de rotación a la misma plaza a la cual deseo se me ascienda, Sr. (…), con fecha 01 de noviembre de los corrientes ha presentado un escrito de  “SOLICITO: Suspensión del Proceso de evaluación y ascenso de personal.”
5.- Respecto de esta situación, solicito lo siguiente:

II.- EXPRESIÓN CONCRETA DE LO PEDIDO

5.1.- Solicito se me tenga por apersonado[1], en mi calidad de tercero administrado, al procedimiento administrativo generado por el escrito de “SOLICITO: Suspensión del Proceso de evaluación y ascenso de personal” presentado por la Sr. (…), conforme a lo dispuesto en el artículo 60.1 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General que indica: “Si durante la tramitación de un procedimiento es advertida la existencia de terceros determinados no comparecientes cuyos derechos o intereses legítimos puedan resultar afectados con la resolución que sea emitida, dicha tramitación y lo actuado les deben ser comunicados mediante citación al domicilio que resulte conocido, sin interrumpir el procedimiento.” 
5.2.- Teniendo legítimo interés en el procedimiento administrativo generado por el Sr. (…), me opongo al pedido de suspensión del proceso de evaluación y ascenso de personal solicitando que este pedido sea declarado improcedente en mérito a los siguientes fundamentos:

III.- FUNDAMENTOS DE LA OPOSICIÓN
a.- Del escrito presentado se observa que el mismo indica que todavía no se ha interpuesto recurso administrativo alguno en contra del acto administrativo que supuestamente perjudica al Sr. (…).
b.- En atención a lo anterior, es importante recordar a la autoridad administrativa que el art. 192 de la Ley 27444 establece que “Los actos administrativos tendrán carácter ejecutario, salvo disposición legal expresa en contrario, mandato judicial o que estén sujetos a condición o plazo conforme a ley.”
c.- De esta manera, un pedido de suspensión de un procedimiento de ascenso, un futuro recurso administrativo, un acta de constatación policial o la afirmación de los administrados de la existencia de un acto nulo, no pueden suspender todo un proceso de ascenso, la forma de suspensión del mismo será a través de una ley expresa o un mandato judicial, situaciones que no se dan en el presente caso.
d.- Ya el artículo 216.1 de la Ley 27444 establece que “La interposición de cualquier recurso, excepto los casos en que una norma legal establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado.”, por lo tanto, la afirmación de suspender un proceso por la interposición de un recurso es falsa debido a que la ley expresamente indica que la interposición de un recurso no suspende la ejecución de un acto administrativo.

IV.- RESPONSABILIDAD
6.- Dentro de este contexto, procede se me tenga como tercero administrado y se declare improcedente el escrito de “SOLICITO: Suspensión del Proceso de evaluación y ascenso de personal” presentado por el Sr. (…) por contravenir el art. 192 y 216 de la Ley 27444, caso contrario se incurrirá en el delito de omisión de funciones previsto en el  Artículo 377 del Código penal que establece que “El funcionario público que, ilegalmente, omite, rehusa o retarda algún acto de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a sesenta días-multa.”

POR LO EXPUESTO:
A UD. Pido acceder a mi pedido.

PRIMERO OTROSI.- Solicito se me notifique en el domicilio indicado en el exordio de la presente.
Ancash, 05 de noviembre de 2014.

(Nombres y apellidos del tercero, no es necesario firma de abogado para este escrito)




[1] Este apersonamiento tiene como fundamento el artículo 60.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General – que indica “60.3 Los terceros pueden apersonarse en cualquier estado del procedimiento,  teniendo los mismos derechos y obligaciones de los participantes en él.”



3/11/14

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¿CÓMO IMPUGNAR UNA PAPELETA?

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¿CÓMO IMPUGNAR UNA PAPELETA?

José María Pacori Cari
Profesor Titular de la Cátedra de Derecho Administrativo de la Universidad La Salle

Para Aurora Cari Cahuana, mi mamá a la que le debo todo.

Papeleta – Acto Administrativo – Reglamento Administrativo – Requisitos – Competencia – Motivación – Finalidad – Procedimiento regular – Objeto –Formalidad – Contravención a la ley y Constitución – Infracción penal.

La Papeleta es un Acto Administrativo. El Acto Administrativo es la declaración unilateral de voluntad que realiza una entidad del Estado que afecta las situaciones jurídicas de los administrados determinados e individualizados. Esta definición implica que el Acto Administrativo sólo puede ser emitido por una entidad del Estado, la cual se encuentra representada por un funcionario competente el que tiene competencia para emitir y firmar el Acto Administrativo de la Entidad, asimismo, el Acto Administrativo debe referirse a una persona individualizada y determinada, no existen actos administrativos genéricos, pues dejarían de ser actos administrativos y pasarían a denominarse Reglamentos Administrativos, los cuales tienen efectos generales respecto de un número indeterminado de personas que no se encuentran individualizadas. La Papeleta es un acto administrativo desde que es emitida por un funcionario público denominado policía y tiene por efecto sancionar a un administrado determinado e individualizado la conducta contraria a ley suscitada.
Como todo acto administrativos, la Papeleta emitida debe de cumplir los requisitos de todo Acto Administrativo, si carece de alguno de estos requisitos es nula. Los requisitos del Acto Administrativo son los siguientes: 1.- competencia, significa que el acto administrativo debe ser emitido por la autoridad competente por razón de grado, territorio, cuantía o función; 2.- Procedimiento Regular, significa que el acto debe ser emitido siguiendo los pasos previstos, con anterioridad, en la ley para su expedición; 3.- Motivación, significa que el acto debe está motivado en hecho y Derecho, indicándose el hecho que motiva el acto y la norma clara y precisa que justifica lo que se vaya a resolver; 4.- Objeto o Contenido, es la parte que decide el Acto Administrativo, en palabras simples, es lo que resuelve el acto; 5.- Finalidad pública, se refiere a que el acto debe justificar un interés público y no un interés particular; y, 6.- Formalidad, el Acto Administrativo necesariamente es escrito y no verbal. Si una Papeleta no reúne estos requisitos es nula por carecer de los requisitos esenciales que prevé la ley para su existencia. Si no existe alguno de estos requisitos la papeleta puede ser declarada nula a través de un recurso administrativo o una demanda judicial, sin perjuicio de la denuncia penal por abuso de autoridad u omisión de funciones.
Un acto administrativo no sólo es nulo por no reunir los requisitos de todo acto administrativo, también es nulo por las siguientes causales: 1.- Cuando se contraviene la Constitución, las leyes y las normas reglamentarias, esto significa que si se afecta un derecho fundamental previsto en la Constitución el acto administrativo es nulo, si la papeleta contraviene una ley es nulo, si la Papeleta contraviene un reglamento, como un Decreto Supremo, es nulo; y, 2.-  Cuando los actos administrativos sean constitutivos de infracción penal  o se dicten como consecuencia de una infracción penal, significa que si una Papeleta se dicta en mérito a una infracción penal como una falta o delito la papeleta por ser una consecuencia de esta infracción es nula de pleno derecho.
El efecto de la declaración de nulidad de un Acto Administrativo y, por lo tanto, de una Papeleta es la inexistencia del acto y la desaparición de la sanción impuesta, la nulidad de una Papeleta se hace valer a través de los recursos administrativos correspondientes. Estos recursos son la reconsideración y la apelación. Se utilizará el recurso de reconsideración si se cuenta con nueva prueba y el recurso de apelación si se trata de una cuestión de puro derecho o una interpretación distinta de las pruebas. A continuación un modelo de recurso de apelación de una papeleta.

Modelo de Apelación de una Papeleta

SEÑORES POLÍCÍA NACIONAL DEL PERÚ
(Nombres y apellidos del impugnante), con DNI (…), con domicilio en (…); a Ud., con respeto, digo:

Expresión concreta de lo pedido
Interpongo recurso de apelación para que se declare la nulidad de  la Hoja de Papeleta Nro. (…) por contravenir la Constitución y la Ley.

Fundamentos
1.- Con fecha (…) el Sr. Policía (…) me impone papeleta por haber obviado la luz roja del semáforo.
2.- Sin embargo, con el informe emitido por la autoridad competente que adjunto acredito que el semáforo en mención se encuentra malogrado desde (…), por lo tanto, no se me puede imputar una conducta sustentada en un bien público en mal estado, siendo procedente se declare la nulidad de la papeleta por haberse afectado mi derecho a un debido proceso previsto en el art. 139 de la Constitución.
POR LO EXPUESTO:
A UD. Pido declare fundado el presente recurso y deje sin efecto la papeleta impuesta, adjuntando copia de mi DNI y del Informe al que se hace mención.

Arequipa, 23 de octubre de 2014


(Firma del administrado, debe ir con firma del abogado conforme a lo dispuesto en el Art. 211 de la Ley 27444)


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EL CRITERIO DE COLABORACIÓN Y EL CONVENIO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL

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EL CRITERIO DE COLABORACIÓN Y EL CONVENIO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL

José María Pacori Cari
Profesor Titular de la Cátedra de Derecho Administrativo de la Universidad La Salle

Criterio de colaboración – Formas de dar estabilidad a la colaboración interinstitucional – Conferencias – Convenios de Cooperación – Naturaleza del Convenio – Declaración Administrativa.

En el Derecho Administrativo se estudia el principio de cooperación interinstitucional que tiene por objeto que las entidades del Estado cooperen entre sí para mejorar los servicios públicos que brindan a la población. En la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General – se indica que las relaciones entre las entidades se rigen por el criterio de colaboración. Dos son las formas en que las entidades pueden dar estabilidad a la colaboración interinstitucional:

1.       Conferencias. Estas conferencias se dan entre las entidades vinculadas. Las conferencias entre entidades vinculadas permiten a aquellas entidades que correspondan a una misma problemática administrativa, reunirse para intercambiar mecanismos de solución, propiciar la colaboración institucional en aspectos comunes específicos y constituir instancias de cooperación bilateral. El intercambio de experiencias entre los servidores públicos que laboran en las entidades del Estado resulta beneficioso para mejorar la calidad del servicio público a la colectividad.

2.       Convenios de cooperación. Por los convenios de colaboración, las autoridades a través de sus representantes autorizados, celebran dentro de la ley acuerdos en el ámbito de su respectiva competencia, de naturaleza obligatoria para las partes y con cláusula expresa de libre adhesión y separación.

En este sentido, se puede verificar que una conferencia puede dar lugar a un convenio de cooperación, pero la celebración de un convenio de cooperación no requiere necesariamente la realización previa de una conferencia, ni la conferencia implicará necesariamente la posterior firma de un convenio de cooperación.
Un tema importante es la naturaleza de un convenio de cooperación, en principio, el convenio de cooperación no es un acto administrativo, puesto que no es una declaración unilateral sino una declaración bilateral, no afecta a un administrado determinado e individualizado, sino que afecta a las entidades estatales que suscriben el convenio. Tampoco puede considerarse que sea un acto de administración, pues el acto de administración interna de las entidades está destinado a organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios; un convenio de cooperación no se refiere a actividades propias sino a actividades compartidas entre entidades del Estado. Tampoco es un contrato administrativo porque este implica la intervención de un ente privado que prestará servicios u ofrecerá bienes al Estado. La naturaleza de un convenio de cooperación es ser una declaración administrativa, al lado del acto administrativo, acto de administración o contrato administrativo, no se confunde con ellos. A continuación un modelo de convenio de cooperación interinstitucional.

Modelo de convenio de cooperación interinstitucional


Conste por medio de la presente un convenio de cooperación que firman de una parte la Municipalidad Distrital de Hunter, debidamente representado por su Alcalde (…), con DNI (…), con domicilio legal en (…) y de la otra parte la Municipalidad Distrital de Socabaya, debidamente representado por su Alcalde (…), con DNI (…), con domicilio legal en (…) en mérito a las siguientes cláusulas: PRIMERO.- Las entidades estatales firmantes son gobiernos locales con competencia sobre las materias que serán parte del presente convenio, siendo que suscriben la presente amparados en los artículos 76 y siguientes de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General – SEGUNDO.- Se ha identificado una deficiencia en el servicio público de recojo de basura en la zona fronteriza entre ambas Municipalidades, específicamente en el lugar ubicado en (…). TERCERO.- Identificado el problema ambos entes acuerdan establecer de carácter obligatorio un cronograma de recojo de basura semanal en los siguientes términos (…) ello para proveer a la población de un mejor servicio público que garantice su salud. CUARTO.- El presente convenio tendrá una vigencia de dos años contados a partir de la firma del presente convenio. Las partes firman la presente teniendo en cuenta las competencias que les son atribuidas. (Firmas de las autoridades competentes y representantes  legales de las entidades)


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EL DERECHO DE ASILO POLÍTICO COMO DERECHO HUMANO

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EL DERECHO DE ASILO POLÍTICO COMO DERECHO HUMANO

José María Pacori Cari
Profesor Titular de la Cátedra de Derecho Administrativo de la Universidad La Salle


Asilo político – Derecho Humano – Extradición – Refugiado – delito común – delito político – solicitud – extensión – libertad expresión y opinión

El art. 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos indica que en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. Este derecho humano fundamental ha sido reconocido en el artículo 36 de nuestra Constitución Política de 1993 al indicar que el Estado reconoce el asilo político. De esta manera, el Asilo político se constituye en un derecho humano fundamental y constitucional que es reconocido por los Estados a fin de evitar la persecución de una persona. La actividad política de una persona puede derivar en su persecución a fin de evitar perjudique al gobierno de turno y cree inestabilidad.
El artículo 1 de la Convención de la Habana sobre Derecho de Asilo establece que no es lícito a los Estados otorgar asilo a los inculpados por delitos comunes que estuvieren procesados en forma o que hubieren sido condenados por tribunales ordinarios, es así que el derecho al asilo no procede en los casos de persecución por la comisión de delitos comunes, por ejemplo, un homicida no puede pedir asilo político, porque el homicidio es un delito común, en estos casos, se puede solicitar la extradición del presunto delincuente, por lo que tenemos que la figura a fin al asilo es la extradición. Asimismo, tampoco debemos de confundir la figura del Asilo con la de Refugiado, el refugio implica la protección que brinda un Estado a un grupo de personas para prestarles protección y seguridad, esta institución es típica del derecho humanitario. El asilo se da por persecución política y se otorga al solicitante, es importante precisar que el asilo se extiende a las personas cercanas al solicitante del asilo como son la cónyuge y los hijos, quienes también son afectados por la persecución.
El asilo político se da por la persecución de delitos políticos, un delito político no es un delito previsto en el Código Penal, debe ser entendido como la persecución que se genera por la manifestación expresa o tácita de ideas políticas, se protege el derecho de libertad de expresión y de opinión del perseguido, incluso se indica que la calificación de la delincuencia política corresponde al Estado que presta asilo (ver art. 2 de la Convención de la Habana)
El asilo es un institución humanitaria, todos los seres humanos pueden estar bajo la protección del asilo político, sea cual fuere su nacionalidad, por eso se indica que es un derecho humano que goza de la característica de universalidad.
El asilo no puede ser concedido sino en casos de urgencia y por el tiempo estrictamente indispensable para que el asilado se ponga de otra manera en seguridad (ver art. 2 Convención sobre asilo 1928). Asimismo, se indica que mientras dure el asilo no se permite al asilado practicar actos contrarios a la tranquilidad pública (ver art. 2 Convención sobre asilo 1928). Sin embargo, esto no significa que se restrinja el derecho de opinión y libertad de expresión,  por lo que el asilado puede seguir expresando sus opiniones.
El pedido de asilo, va contenido en una solicitud cuyos requisitos no están formalmente establecidos, sin embargo, también puede ser solicitado de manera verbal.

Modelo de solicitud de asilo

SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES

(Nombres y apellidos del solicitante), con Documento Oficial de Identidad (…), con domicilio conocido en (…), de nacionalidad (….); a Ud., con respeto, digo:

Con fecha (…) el gobierno del Presidente (…) ha mandato un mensaje de televisión en donde se me sindica como  autor mediato de futuras rebeliones en mi país, este mensaje ha motivado publicaciones en los principales diarios de mi país las cuales adjunto a la presente para acreditar la persecución política de la que soy objeto.
Es del caso, que mi persona es fundador del partido político (…) el cual se ha gestado como el principal opositor del gobierno frente a las constantes agresiones a los derechos fundamentales de mis compatriotas, esta situación ha hecho que en mi calidad de representante legal de mi partido me vea en la necesidad de elaborar escritos, realizar entrevistas denunciando la continua violación de derechos humanos cometidos por el gobernante de turno, lo que ha derivado en una persecución política en mi contra.

Dentro de este contexto, solicito se me conceda asilo político conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos, haciendo extensiva esta protección a mi esposa y dos hijos menores de edad, cuyos documentos de identidad adjunto a la presente.

POR LO EXPUESTO:
A UD. Pido acceder a mi pedido.

(Lugar donde se elabora el escrito), 16 de octubre de 2014.


(Firma del solicitante de asilo)


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