Escribeme: corporacionhiramservicioslegales@hotmail.com

La presente Bitácora esta a cargo de JOSÉ MARÍA PACORI CARI, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad José Carlos Mariátegui en el Perú, Socio de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Miembro de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, Articulista en el Suplemento La Gaceta Jurídica del Diario La Razón en Bolivia, Colaborador en la Revista Administración & Control del Perú, Abogado especialista en Derecho Administrativo y Derecho Laboral.

Video of the Day

31/12/13

1

ACUERDO PLENARIO 01-2013-CG/TSRA (25-11-2013) Sobre el principio non bis in idem, buena administración, diferencia entre responsabilidad administrativa disciplinaria y funcional

Imprimir entrada 

 Consideramos de una importancia especial, el Acuerdo Plenario que se ofrece a continuación, puesto que el mismo establece una difenrencia entre los que conocemos como responsabilidad adminsitrativa, distinguiendo entre la responsabilidad administrativa funcional y la disciplinaria; asimismo, se establece una doctrina jurisprudencial sobre el principio de buena administración, también se puede verificar la referencia al principio non bis in idem. Haga clik en lo siguiente para revisar este acuerdo plenario: ACUERDO PLENARIO 01-2013-CG/TSRA


0

EL PRINCIPIO DE LA BUENA ADMINISTRACIÓN

Imprimir entrada 



Por José María Pacori Cari

ÁREA: Derecho Administrativo
LÍNEA: Principios del Derecho Administrativo

La Contraloría General de la República a través de su Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas ha emitido el ACUERDO PLENARIO 01-2013-CG/TRSA el 25 de noviembre de 2013. Este acuerdo plenario establece un precedente vinculante respecto de la aplicación del principio non bis in ídem. Sin embargo, desde nuestro punto de vista la mayor importancia de este acuerdo es que incorpora a nuestro ordenamiento jurídico el “principio de la buena administración”.

Según se indica, el principio de buena administración tiene una doble dimensión:

1.- Implica el cumplimiento de una serie de principios y reglas por parte de la Administración Pública en su relación con el Ciudadano, como los siguientes:

a) Servicio objetivo a los ciudadanos. Por lo tanto, no se permite preferencias subjetivas entre administrados, ni la existencia de discriminación.
b)   Juricidad. Las actuaciones de los servidores públicos deben realizarse teniendo en cuenta el Derecho, lo que implica no sólo hacer lo que la ley dice, sino aplicar la Constitución en defensa de los derechos fundamentales.
c)  Racionalidad. En las actuaciones de los servidores públicos debe prevalecer la razón, no se realizan las actuaciones en base a sentimientos o irracionalidades.
d)    Igualdad de trato. No se deben establecer diferencias entre los administrados, salvo que por la naturaleza de las cosas sean necesarias.
e)    Eficacia. La utilización de medios destinada a cumplir el objetivo en el más breve plazo posible.

Como se verifica el principio de buena administración se relaciona con el Ciudadano, esto significa que este principio ve una buena administración a través de lo que percibe un Ciudadano, si el Ciudadano percibe una Administración deficiente entonces no existe una “buena” Administración. Un problema que encontramos en la definición de este principio se relaciona con el término “administración”, si se refiere a la función o a la persona jurídica, consideramos que este principio debe de entenderse aplicable tanto a la función como a la persona jurídica.

2.- Se concretiza en derechos subjetivos de los administrados, como los siguientes:

a)    Derecho a servicios públicos y de interés general de calidad. Las necesidades de los ciudadanos hacen necesario la prestación de servicios públicos de “calidad”.
b) Derecho a conocer las obligaciones y compromisos de los servicios de responsabilidad administrativa. Los servicios públicos a cargo de servidores públicos implican obligaciones que se deben de observar y deben de ser de conocimiento de los administrados.
c)    Derecho a exigir el cumplimiento de las responsabilidades del personal al servicio de la Administración Pública. Si un servidor público no cumple su función, cualquier Ciudadano puede exigir el cumplimiento de dicha función.

Cuando se hace referencia a derechos subjetivos debe de entenderse por los mismos a las situaciones jurídicas de ventaja que crean una obligación en las entidades del Estado.

Según se indica, en nuestro ordenamiento jurídico, el principio de buena administración se encuentra implícitamente reconocido en el artículo 39 de la Constitución Política del Estado Peruano de 1993 cuando señala “los órganos, funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación”. Esto supone lo siguiente:

1.- La facultad de la ciudadanía de exigir a la administración determinado comportamiento en tutela de sus intereses.
2.- El deber de la administración de actuar en resguardo de dichos intereses públicos.

Como se observa, resulta importante para nuestro ordenamiento jurídico la incorporación de este principio, lo cual nos obliga a su desarrollo doctrinario. (AUTOR: JOSÉ MARÍA PACORI CARI)
 


18/12/13

3

ESCRITO ADMINISTRATIVO SOBRE ERROR EN LA CALIFICACIÓN DE UN RECURSO

Imprimir entrada

ÁREA: DERECHO ADMINISTRATIVO
LÍNEA: RECURSOS ADMINISTRATIVOS
El  Artículo 213 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo Generales - establece “El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación siempre que del escrito se deduzca su verdadero carácter.” En el escrito que se ofrece al lector, se podrá verificar la aplicación práctica de este escrito, en efecto, si el administrado se equivocara en calificar su escrito de impugnación, él puede pedir que en atención al art. 213 de la Ley 27444 se corrija el mismo y se le tramite conforme a su verdadera naturaleza. (AUTOR: JOSÉ MARÍA PACORI CARI)

Solicitud administrativa de corrección de recurso administrativo

EXPEDIENTE  : 037025
SUMILLA        : Corrija error en la calificación del recurso.

SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ASCENSOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UGEL AN

(NOMBRES COMPLETOS DEL ADMINISTRADO), con DNI 29373521, Técnico Administrativo II, nombrada en el CAP de la UGEL AN, con domicilio en calle Uruguay 23 Urb. Santa Rosa, distrito de Mariano Melgar; a UD., respetuosamente, digo:

I.- Fundamentos del pedido
1.- Con fecha 17 de diciembre de 2013, interpuse escrito al que denominé “Recurso Administrativo de Apelación”, al que adjunté en la calidad de nuevos medios de prueba los anexos 1-B y 1-D, los cuales no obran en expediente.
2.-  El Artículo 208 de la Ley 27444 establece que “El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.”
3.- De esta manera, siendo que se ha presentado nueva prueba en mi escrito erróneamente denominado apelación, el mismo debe de ser considerado como de reconsideración por cuanto se sustenta en nueva prueba.
4.- La posibilidad de corregir el error en la calificación de recurso se encuentra en el  Artículo 213 de la Ley 27444 que establece “El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación siempre que del escrito se deduzca su verdadero carácter.”

Dentro de este contexto,

II.- Expresión concreta de lo pedido
Solicito se tramite y entienda que mi escrito de impugnación de 17 de diciembre de los corrientes es un Recurso Administrativo de “Reconsideración”, al haberse ofrecido nueva prueba; y no como de Apelación (erróneamente consignado) en mérito a lo dispuesto en el art. 213 de la Ley 27444

POR LO EXPUESTO:
A UD. pido acceder a mi pedido.

PRIMER OTROSI.- Adjunto copia de mi escrito de impugnación de 17 de diciembre de 2013 para que se califique el mismo como reconsideración.

Arequipa, 18 de diciembre de 2013.


(Nombre del administrado, la firma de abogado es opcional)


10/12/13

1

LA PREFERENCIA DE TRAMITACIÓN DE UN EXPEDIENTE JUDICIAL DE UNA PERSONA ADULTO MAYOR (ANCIANO O TERCERA EDAD)

Imprimir entrada

ÁREA: SEGURIDAD SOCIAL
LÍNEA: ADULTO MAYOR

Por José María Pacori Cari

Una sociedad de Derecho debe ser justa, si es justa da a cada grupo social lo que le corresponde, todos cooperan, esto es el socialismo que debe supervivir en un Estado. ¿Por qué cooperar? Porque lo contrario es competir (liberalismo), una persona de la tercera edad, adulto mayor, o anciano (como erróneamente se le puede decir) no puede competir, de allí que el socialismo sea la solución de los grupos de gentes más necesitados.
En el Perú se encuentra en vigencia la Ley de la Personas Adultas Mayores que tratan de resguardar los derechos de las personas de la tercera edad a partir de los 60 años. Las normas no son socialistas, sin embargo, cuando la ley se desprende del legislador, puede ser interpretada de manera que atienda a la cooperación, y eso es lo que intentamos hacer en el escrito que sigue al presente comentario.
Una de las aplicaciones que se pueden dar a esta Ley de Personas Adultas Mayores es en el proceso judicial, en efecto, los órganos jurisdiccionales muchas veces no toman en consideración la especial situación de las personas adultas mayores, tal vez por desconocimiento de la ley que asiste a los adultos mayores (se programan audiencia en plazos excesivos, se resuelven los escritos y se tramitan sin preferencia alguna respecto de persona jóvenes que si pueden esperar, que tiene la vida por delante).
Actualmente, el liberalismo que impera ha producido la interpretación de normas desde un punto de vista de competición y no de cooperación, en este sentido, se debe de proceder a ofrecer protecciones justas a través de interpretaciones justas de la ley.  

Del trato apropiado en el procedimiento judicial por ser un adulto mayor.

Para alegar un persona adulta mayor su calidad de adulto mayor, lo más importante es anexar al escrito una copia de su DNI, con esto acreditará que tiene más de 60 años de edad.
En efecto, el art. 2 de la LEY 28803 - LEY DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES – establece que “Entiéndese por personas adultas mayores a todas aquellas que tengan 60 o más años de edad.” Por lo a los demandantes que tengan 60 años o más les es de aplicación esta ley.
Siendo de aplicación esta ley a los demandantes, estos cuentan con el derecho previsto en el artículo 3 de la Ley 28803 que establece “Toda persona adulta mayor tiene, entre otros, derecho a: (…) 8. Recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial y administrativo que la involucre.”
5.- En conclusión, a los adultos mayores que siguen proceso judiciales se les debe de dar el trato justo que les corresponda, lo que en una interpretación correcta, implica la preferencia en su tramitación y la rápida solución. (AUTOR: JOSÉ MARÍA PACORI CARI)

Modelo de escrito judicial para tomar en cuenta la situación especial de una persona de la tercera edad en un juicio

EXPEDIENTE              : 08784-2004
ESPECIALISTA          : (…)
ESCRITO                    : 01-2013
SUMILLA                    : Emita mandato de ejecución

SEÑOR JUEZ DEL CUARTO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CIVIL

(NOMBRE DEL DEMANDANTE – ADULTO MAYOR) en el proceso contencioso administrativo que sigue en contra del Gobierno Regional de (…); a Ud., respetuosamente, digo:

Se me ha puesto en conocimiento el escrito presentado por el Procurador del Gobierno Regional de Arequipa, respecto del mismo no se verifica ningún avance en el pago, no se adjunta cronograma de pagos, ni mucho menos se ha hecho efectivo el pago, por lo que se debe tener por incumplido su mandato.
En este sentido,

I.- Del trato apropiado en el procedimiento judicial por ser un adulto mayor.
2.- Conforme al DNI el demandante cuenta con 73 años de edad por lo que es considerado adulto mayor (se adjunta el DNI para acreditar la edad)
3.- En efecto, el art. 2 de la LEY 28803 - LEY DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES – establece que “Entiéndese por personas adultas mayores a todas aquellas que tengan 60 o más años de edad.” Por lo que al demandante le es de aplicación esta ley.
4.- Siendo de aplicación esta ley al demandante el mismo cuenta con el derecho previsto en el artículo 3 de la Ley 28803 que establece “Toda persona adulta mayor tiene, entre otros, derecho a: (…) 8. Recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial y administrativo que la involucre.”
5.- En conclusión, en su calidad de adulto mayor se debe dar al presente proceso el trato digno que corresponde.

II.- Del vencimiento del plazo de seis (6) meses para cumplir con la sentencia.
1.- El Artículo 47.4 del TUO de la Ley 27584 establece que “47.4 Transcurridos seis meses de la notificación judicial sin haberse iniciado el pago u obligado al mismo de acuerdo a alguno de los procedimientos establecidos en los numerales 47.1, 47.2 y 47.3 precedentes, se podrá dar inicio al proceso de ejecución de resoluciones judiciales previsto en el Artículo 713 y siguientes del Código Procesal Civil. No podrán ser materia de ejecución los bienes de dominio público conforme al Artículo 73 de la Constitución Política del Perú.”
2.- En este sentido, por Resolución 78 notificada al demandante el 06 de junio de los corrientes se resuelve aprobar la pericia contable en la suma por devengados de S/. 13 752.31 nuevos soles, más el pago de intereses en la suma de S/. 1 991.00 nuevos soles. En esta misma resolución se hizo el requerimiento inicial con suma líquida, por lo que desde esta fecha empieza a transcurrir el plazo de 6 meses que establece el art. 47 del TUO de la Ley 27584. (Nótese que el monto cuyo pago se solicita no es excesivo, más bien es fácilmente cancelable por un Gobierno Regional)
2.- Desde la fecha del primer requerimiento y hasta la actualidad han transcurrido más de seis meses sin que haya hecho efectivo el pago de los devengados e intereses legales aprobados.

III.- Requerimiento
Dentro de este contexto, y atendiendo a la calidad de adulto mayor del demandante, solicito se hagan efectivos los apercibimientos decretados en autos y conforme al Código Procesal Civil se emita el correspondiente mandato de ejecución requiriéndose por oficio al PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE (…)para que en el plazo de cinco días cumpla con pagar al demandante la suma adeudada, BAJO APERCIBIMIENTO DE INICIAR LA EJECUCIÓN FORZADA.

POR LO EXPUESTO:
A UD. pido acceder a mi pedido

PRIMER OTROSI.- Adjunto copia de mi DNI.

Arequipa, 10 de diciembre de 2013


(Firma abogado y demandante-adulto mayor)


2

MODELO DE ESCRITO JUDICIAL DE SOLICITUD DE REMISIÓN AL MINISTERIO PÚBLICO EN UN PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Imprimir entrada

ÁREA: DERECHO ADMINISTRATIVO
LÍNEA: PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

¿Realmente es necesaria la intervención del Ministerio Público en un proceso contencioso administrativo? Consideramos que la intervención del Ministerio Público resulta inútil, en especial, en los distritos judiciales donde no existen Fiscales especializados en lo contencioso administrativo. La necesidad de incluir al Ministerio Público en los procesos contenciosos administrativos era para cautelar los intereses de la sociedad, puesto que el Procurador Público del Estado cautela los intereses del Estado. Sin embargo, el proceso contencioso administrativo en el Perú debe de estar diseñado para cautelar los derechos de los administrados procurando la pronta solución del conflicto de intereses, a esto se suma que el Dictamen Fiscal no es vinculante para el Juez y a veces no es más que copia de la sentencia emitida (en los casos en que se solicita el dictamen en segunda instancia, por ejemplo) esto debido a la carga procesal que soportan los Fiscales. Un Estado que se dirige al socialismo debe procurar los derechos de los ciudadanos del Estado, debe velar por la pronta recuperación de la paz social a través de los procesos judiciales; trasladar y mantener trámites de países liberales, no trae nada bueno a nuestro sistema, porque somos distintos, somos latinoamericanos, por lo que los procesos contenciosos administrativos deben ser latinoamericanos que respondan a nuestras necesidades. (AUTOR: JOSÉ MARÍA PACORI CARI)

Solicitud de remisión de expediente judicial al Ministerio Público
                                                                 
EXPEDIENTE             : 04614-2013
ESPECIALISTA          : (…)
ESCRITO                   : 01-2013
SUMILLA                   : Remita al Ministerio Público

SEÑOR JUEZ DEL CUARTO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO LABORAL – SUB ESPECIALIDAD CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

(Nombres y apellidos del demandante) en el proceso contencioso administrativo que sigue en contra del Hospital Honorio Delgado; a Ud., respetuosamente, digo:

1.- El Artículo 16 del TUO de la Ley 27584 establece que En el proceso contencioso administrativo el Ministerio Público interviene de la siguiente manera:    1. Como dictaminador, antes de la expedición de la resolución final y en casación. En este caso, vencido el plazo de 15 días para emitir dictamen, devolverá el expediente con o sin él, bajo responsabilidad funcional. (…)”
2.- Asimismo, el artículo 28.1 del TUO de la Ley 27584 establece que “Luego de expedido el auto de saneamiento o de realizada la audiencia de pruebas, según sea el caso, el expediente será remitido al Fiscal para que éste emita dictamen. Con o sin dictamen fiscal, el expediente será devuelto al Juzgado, el mismo que se encargará de notificar la devolución del expediente y, en su caso, el dictamen fiscal a las partes.”
3.-  Dentro de este contexto, habiendo concluido la actuación de medios probatorios, solicito se remitan los actuados al Ministerio Público para la emisión del correspondiente Dictamen en el plazo de 15 días, en caso de exceder de este plazo se requiera la devolución al Juzgado el expediente.

POR LO EXPUESTO:
A UD. pido acceder a mi pedido.

Arequipa, 10 de diciembre de 2013


(Firma del abogado y del demandante)


3/12/13

20

MODELO DE SOLICITUD DE GARANTÍAS PERSONALES AL GOBERNADOR

Imprimir entrada

ÁREA: DERECHO ADMINISTRATIVO
LÍNEA: GARANTÍAS PERSONALES

Una de las atribuciones del Presidente de la República es hacer cumplir la Constitución, sin embargo, la presencia del Presidente de la República del Perú en todo el territorio nacional resulta difícil, así que se creó el mecanismo de representación a través de las autoridades políticas (Gobernador regional, Provincial y Distrital). Una de las funciones más recurrentes de la sociedad a estas autoridades es el pedido de “garantías personales”, claro está si se acredita la existencia de peligro inminente a la vida, libertad, salud e integridad física de una persona (derechos constitucionales). En la presente entrada, le ofrecemos el modelo de una solicitud de garantías personales, sin perjuicio del formato que le puedan ofrecer las autoridades políticas correspondientes. (AUTOR: JOSÉ MARÍA PACORI CARI)
Modelo de solicitud de garantías personales

SUMILLA: SOLICITUD DE GARANTÍAS PERSONALES[1]

SEÑOR GOBERNADOR DEL DISTRITO DE (…)
(Indicar el gobernador de la jurisdicción correspondiente)

(Nombres y apellidos), de Nacionalidad (…), con Documento Nacional de Identidad (…), con domicilio en (…), con Nro. Celular  (…), edad (…), de Ocupación (…), con Centro de Trabajo en (…)

El artículo 4 del Decreto Supremo 004-2007-IN establece que “La autoridad política es el funcionario público que representa al Presidente de la República y al Poder Ejecutivo en el ámbito de su jurisdicción; vela por el carácter unitario del gobierno y garantiza la presencia del Estado en todo el territorio de la República.”
El artículo 16 del Decreto Supremo 004-2007-IN que establece “Son atribuciones de las autoridades políticas las siguientes: (…) b)  Garantizar el ejercicio de las libertades y los derechos reconocidos por la Constitución Política del Perú y demás disposiciones del ordenamiento jurídico de la nación.”

I.- IDENTIFICACIÓN DEL DENUNCIADO
Se denuncia a (indicar nombres y apellidos del denunciado), con domicilio en (…) de aproximadamente (…) años de edad, cuyo domicilio es en (…), con centro de labores en (…) a fin de que en representación del Poder Ejecutivo se sirva garantizar mis derechos reconocidos en la Constitución.

II.- MOTIVO DE LA SOLICITUD DE GARANTÍAS
1.- La suscrita es vecina del distrito de (…)
2.- En estas circunstancias el pasado (…) el denunciado se acercó a mi persona junto con dos amigos de los cuales desconozco su nombre.
3.- Siendo que estando presentes el Sr. (…), vecino mío, el Sr. (…), tío mío, se me amenazo de muerte.
4.- Es esta la situación que motiva el pedido de garantías.

III.- MEDIOS PROBATORIOS
La declaración en la calidad de testigo del Sr. (…) vecino mío, esto para acreditar las amenazas de muerte
La declaración en la calidad de testigo del Sr. (…), tío mío, esto para acreditar las amenazas de muerto.
(Indicar los medios de prueba que considere pertinentes)

POR LO EXPUESTO:
A Ud. pido realizar las diligencias de ley.

PRIMER OTROSI.- Adjunto a la presente copia de mi Documento Nacional de Identidad

Arequipa, 02 de diciembre de 2013.


Firma del Demandante
Huella Digital

(No es necesario firma de abogado) 



[1] El Artículo 17 del D. S. 004-2007-IN establece que “17.1 Funciones Generales de los Gobernadores (…) c) Otorgar garantías personales y posesorias a las personas naturales y jurídicas.”


SIGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

Facebook
Like Us
Google Plus
Follow Us
Twitter
Follow Us
Pinterest
Follow Us

Subscribe a nuestro newsletter

(Get fresh updates in your inbox. Unsubscribe at anytime)