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La presente Bitácora esta a cargo de JOSÉ MARÍA PACORI CARI, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad José Carlos Mariátegui en el Perú, Socio de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Miembro de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, Articulista en el Suplemento La Gaceta Jurídica del Diario La Razón en Bolivia, Colaborador en la Revista Administración & Control del Perú, Abogado especialista en Derecho Administrativo y Derecho Laboral.

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14/3/13

JURISPRUDENCIA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: EL EFECTO DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO

ÓRGANO EMISOR: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
LEY 27444 – LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL
 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, en Lima, a los 23 días del mes de abril de 2010, EXP. N.° 01420-2009-PA/TC, AYACUCHO, MARCO ANTONIO GARCÍA VERA “11. Conforme a lo expuesto en el artículo 2.20º de la Constitución, la autoridad competente está obligada a dar al interesado una respuesta por escrito dentro del plazo legal bajo responsabilidad; sin embargo, ello no ha ocurrido, argumentándose que lo solicitado requería del análisis de diversos órganos o dependencias, así como que, por el transcurso del tiempo, habría operado el silencio administrativo negativo. 12. Este Colegiado no comparte el criterio de la parte emplazada, dado que conforme a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N.º 27444, el efecto del silencio administrativo es habilitar al administrado para que interponga los recursos administrativos o acciones judiciales pertinentes (artículo 188.3º), esto es, que no constituye una prerrogativa o atribución de la administración, sobre todo cuando, conforme al artículo 188.4º del mismo dispositivo, “Aun cuando opere el silencio administrativo negativo, la administración mantiene la obligación de resolver, bajo responsabilidad, hasta que se le notifique que el asunto ha sido sometido a conocimiento de una autoridad jurisdiccional o el administrado haya hecho uso de los recursos administrativos respectivos”, situación esta última que no se ha verificado en autos, por lo que dicha obligación continúa subsistente. Por cierto, la obligación de dar respuesta también contiene la de que ésta debe estar debidamente motivada. 13. Finalmente, cabe precisar que este pronunciamiento no contiene una obligación en el sentido que la entidad emplazada está en la obligación de conceder lo solicitado, toda vez que ello no forma parte del derecho materia de protección. En todo caso, corresponde al Gobierno Regional de Ayacucho determinar si lo solicitado corresponde ser otorgado, o no.”


JOSÉ MARÍA PACORI CARI

Author & Editor

CATEDRÁTICO DE DERECHO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI EN EL PERÚ, SOCIO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE DERECHO ADMINISTRATIVO, ARTICULISTA EN EL SUPLEMENTO LA GACETA JURÍDICA DEL DIARIO LA RAZÓN EN BOLIVIA, COLABORADOR EN LA REVISTA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL PERÚ, ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y DERECHO LABORAL.



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