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La presente Bitácora esta a cargo de JOSÉ MARÍA PACORI CARI, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad José Carlos Mariátegui en el Perú, Socio de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Miembro de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, Articulista en el Suplemento La Gaceta Jurídica del Diario La Razón en Bolivia, Colaborador en la Revista Administración & Control del Perú, Abogado especialista en Derecho Administrativo y Derecho Laboral.

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28/10/12

¿ES POSIBLE EL PAGO DE COSTOS DEL PROCESO EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO?


ÁREA: DERECHO ADMINISTRATIVO

LÍNEA: PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Por José María Pacori Cari y Cesar Alejandro Santa María

Jurídicamente, la respuesta sería un NO si nos remitimos al Artículo 50 del TUO de la Ley 27584 – Ley que regula el proceso contencioso administrativo – (Perú) que establece que “Las partes del proceso contencioso administrativo no podrán ser condenadas al pago de costos y costas.” (La norma es clara y contundente pero parcialmente inconstitucional). Sin embargo, desde el punto de vista de la política jurídica la respuesta, no resulta tan clara. Nos explicamos.

La duda sobre la constitucionalidad de este artículo 50 del TUO de la Ley 27584, nos vino por lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 56 del Código Procesal Constitucional (Perú) que establece que “En los procesos constitucionales el Estado sólo puede ser condenado al pago de costos.” Contrario sensu, en un proceso constitucional procede que el Estado sea condenado al pago de costas del proceso.

Como se verifica a diferencia de lo dispuesto en el proceso contencioso administrativo, en los procesos constitucionales procede el pago de costos del proceso, lo cual resulta constitucional si nos remitimos al artículo pertinente de la Constitución.

En efecto, el artículo 47 de la Constitución Política del Estado sólo establece lo siguiente: “El Estado está exonerado del pago de gastos judiciales.”

Pero a todo esto es importante hacer algunas precisiones conceptuales a fin de determinar que son los costos, costas y/o gastos judiciales.

La diferencia la podemos encontrar en los artículo 410 y 411 del TUO del Código Procesal Civil (Perú).

El artículo 410 del TUO del Código Procesal Civil establece que “Las costas están constituidas por las tasas judiciales, los honorarios de los órganos de auxilio judicial y los demás gastos judiciales realizados en el proceso.” De la lectura de este artículo podemos concluir que las costas del proceso son lo mismo que los gastos judiciales, por lo que por mandato constitucional las costas del proceso no se pueden imponer al Estado. Esto se debe a que siendo el pago de costas del proceso un pago por un servicio que presta el Estado, entonces no se puede hacer que el Estado repita a si mismo por un servicio que el mismo prestó.

El artículo 411 del TUO del Código Procesal Civil establece que “Son costos del proceso el honorario del Abogado de la parte vencedora, más un cinco por ciento destinado al Colegio de Abogados del Distrito Judicial respectivo para su Fondo Mutual y para cubrir los honorarios de los Abogados en los casos de Auxilio Judicial.” Por ser un monto dinerario que va destinado a una persona particular y no pública (esto es una persona que no es el Estado) resulta pertinente disponer el rembolso de los costos del proceso, situación que halla sustento constitucional, por cuanto no existe prohibición constitucional en este sentido. (Un tema importante es sí procede que al Estado se le paguen los costos del proceso, en atención al principio de igualdad la respuesta sería afirmativa, sin embargo, si meditamos que la defensa del Estado es a través de órganos especializados dentro del Estado que prestan este servicio, los costos no serían tales sino costas del proceso, esto debe ser materia de discusión)

Ahora, la pregunta es ¿cómo hago valer este derecho al pago de costos del proceso en un proceso contencioso administrativo? Siendo que la norma contenida en el artículo 50 del TUO de la Ley 27584 es una norma con rango de Ley que contraviene el artículo 47 de la Constitución, es pertinente hacer un control difuso de las normas, conforme a lo previsto en el artículo 9, inciso 1 del TUO de la Ley 27584 que indica “Son facultades del órgano jurisdiccional las siguientes: 1.- Control Difuso.          En aplicación de lo dispuesto en los Artículos 51 y 138 de la Constitución Política del Perú, el proceso contencioso administrativo procede aún en caso de que la actuación impugnada se base en la aplicación de una norma que transgreda el ordenamiento jurídico. En este supuesto, la inaplicación de la norma se apreciará en el mismo proceso.”
En este sentido, a la próxima vez que interponga una demanda contenciosa administrativa, solicite en el petitorio como pretensión accesoria el pago de costos del proceso, y en los fundamentos, indique la realización del control difuso del artículo 50 del TUO de la Ley 27584. Esperamos les sea de ayuda esta entrada. (AUTORES: JOSÉ MARÍA PACORI CARI y CESAR ALEJANDRO SANTA MARÍA)


José María Pacori Cari

Author & Editor

CATEDRÁTICO DE DERECHO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI EN EL PERÚ, SOCIO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE DERECHO ADMINISTRATIVO, ARTICULISTA EN EL SUPLEMENTO LA GACETA JURÍDICA DEL DIARIO LA RAZÓN EN BOLIVIA, COLABORADOR EN LA REVISTA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL PERÚ, ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y DERECHO LABORAL.



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