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CORPORACIÓN HIRAM SERVICIOS LEGALES: JOSÉ MARÍA PACORI CARI

La presente Bitácora esta a cargo de JOSÉ MARÍA PACORI CARI, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad José Carlos Mariátegui en el Perú, Socio de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Miembro de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, Articulista en el Suplemento La Gaceta Jurídica del Diario La Razón en Bolivia, Colaborador en la Revista Administración & Control del Perú, Abogado especialista en Derecho Administrativo y Derecho Laboral.

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12/10/18

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FUERO SINDICAL COMO PROTECCIÓN DEL DESPIDO NULO

FUERO SINDICAL COMO PROTECCIÓN DEL DESPIDO NULO

José María Pacori Cari
Socio de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social


En la Casación 5281-2016 LIMA se indica como sumilla lo siguiente:

Los miembros de los sindicatos en formación, desde la presentación de la solicitud de registro y hasta tres (03) meses después, están amparado por el fuero sindical.

El desarrollo de esta conclusión lo encontramos en los siguientes considerandos:

Octavo: En el caso concreto, se encuentra acreditado en autos que el veinticuatro de mayo de dos mil tres se fundó el Sindicato de Trabajadores de la empresa demandada, efectuándose la elección de la Junta Directiva y la aprobación de sus estatutos (fojas cincuenta y uno a cincuenta y dos); a dicha fecha el demandante se encontraba afiliado al Sindicato (fojas quinientos cincuenta y uno a quinientos cincuenta y dos). Noveno: Si bien es cierto, en la carta de fecha dos de junio de dos mil tres el Sindicato solo pone en conocimiento de la empresa demandada la formación del Sindicato y los nombres de quienes integran la Junta Directiva, sin mencionar ni adjuntar el padrón de los trabajadores afiliados, ello no puede llevar a concluir - como pretende la demandada - de que el despido del demandante (producido poco después de la formación del Sindicato) obedeció a la conclusión del contrato temporal al que estaba sujeto; como tampoco se puede colegir que constituye un despido arbitrario, por cuanto no se puede soslayar el hecho cierto y acreditado en autos de que el demandante estaba afiliado al Sindicato desde su conformación y que los contratos de trabajo suscritos al amparo del Decreto Ley N° 22342, estaban  desnaturalizados y que por ello el vínculo laboral debió considerarse a plazo indeterminado; finalmente, con fecha veintiuno de julio de dos mil tres, el Sindicato presentó su pliego de reclamos por el período 2004-2005 en nombre de todos sus afiliados, entre ellos, el demandante, Jorge José Ponce Nieves, pliego del que la demandada tomó conocimiento el veintidós de ese mes y año (seis días antes de que decidiera despedir al demandante alegando vencimiento de contrato). Décimo: El literal a) del artículo 31° del Decreto Ley N° 25593, establece que: “Están amparados por el fuero sindical: a) Los miembros de los sindicatos en formación, desde la presentación de la solicitud de registro y hasta tres (03) meses después”. (…) En el orden de ideas expuesto resulta evidente que el demandante estaba protegido por la norma señalada, siendo cesado por su condición de afiliado al Sindicato configurándose la nulidad de despido previsto en el inciso a) del artículo 29° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobada por Decreto Supremo N° 003-97-TR. Décimo Primero: Por los fundamentos expuestos, queda acreditado que el Colegiado Superior inaplicó lo dispuesto en el literal a) del artículo 31° del Decreto Ley N° 25593 e inciso a) del artículo 29° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobada por Decreto Supremo N° 00397-TR, deviniendo en fundadas.

A continuación le ofrecemos la casación completa


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LA PROTECCIÓN DE LA LEY 24041: REQUISITOS Y PROTECCIÓN DEL DERECHO ADQUIRIDO

LA PROTECCIÓN DE LA LEY 24041: REQUISITOS Y PROTECCIÓN DEL DERECHO ADQUIRIDO

José María Pacori Cari
Socio de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social


La Ley 24041 es la protección al servidor público en el régimen laboral público, esta ley imposibilidad el despido arbitrario, como caso último tenemos lo indicado en la Casación 4175-2016 JUNIN que como sumilla indica lo siguiente:

Conforme lo determinó la Superior Sala, el demandante había adquirido la protección prescrita en el artículo 1, de la Ley N° 24041. Siendo ello así, solo podía ser despedido por las causas previstas en el
Capítulo V del Decreto Legislativo N° 276, por lo que la decisión de la demandada Sociedad
de Beneficencia Pública de Huancayo de dar por concluida la relación laboral sin observar el
procedimiento de ley, resulta violatoria de los derechos constitucionales al trabajo y al
debido proceso.

Asimismo, en el considerando 7.1, 7.2 y 7.3 establece lo siguiente:

7.1. Al respecto, el artículo 1° de la Ley N.° 24041, establece: “Los servidores públicos contratados para labores de naturaleza permanente, que tengan más de un año ininterrumpido de servicios, no pueden ser cesados ni destituidos sino por las causas previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo N.º 276 y con sujeción al procedimiento establecido en él, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15° de la misma ley”. 7.2. Para efectos de su aplicación, básicamente determina dos requisitos, esto es: i) que la parte trabajadora haya realizado labores de naturaleza permanente; y, ii) que dichas labores se hayan desarrollado o efectuado por más de un año ininterrumpido, antes de la fecha del cese de labores. 7.3. Resulta necesario enfatizar que la citada norma legal no tiene como objetivo incorporar a quienes prestan servicios a la carrera administrativa, sino únicamente protegerlo contra el despido arbitrario que pudiera sufrir.

En el noveno considerando indica lo siguiente:

Por lo tanto, al haber laborado la demandante bajo el régimen laboral público desde el 23 de agosto de 2007 al 31 de agosto de 2018 (fecha a partir del cual suscribió contratos CAS), es decir, por más de un año ininterrumpido de servicios, realizando trabajo de naturaleza permanente; se encontraba ya, dentro de los alcances de la Ley N° 24041. Por tal razón, a la fecha del cese, conforme lo determinó la Superior Sala, el demandante había adquirido la protección prescrita en el artículo 1, de la Ley N° 24041, sustentada en el principio de protección al trabajador, cuyo tenor es la aplicación de la condición más beneficiosa al trabajador, y que ha consagrado la Constitución en su artículo 26, inciso 3. Siendo ello así, el demandante solo podía ser despedido por las causas previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo N° 276, por lo que la decisión de la demandada Sociedad de Beneficencia Pública de Huancayo de dar por concluida la relación laboral sin observar el procedimiento de ley, resulta violatoria de los derechos constitucionales al trabajo y al debido proceso, reconocidos en los artículos 2° inciso 15) 22° y 13 9° inciso 3) de la Constitución Política vigente.

Incluso en el Décimo considerando hace un análisis del CAS en su relación con la Ley 24041:

Esta Suprema Sala en reiterada jurisprudencia, ha señalado que admitir que la contratación administrativa de servicios de naturaleza especial y restrictiva de derechos y beneficios sociales podría sustituir válidamente la contratación de trabajo, incluso de la naturaleza indefinida, importaría desconocer el contenido y alcances del Principio de Irrenunciabilidad y el Principio de Progresividad al convalidar la posibilidad de involución de los derechos laborales del trabajador restringiendo y limitando su contenido y alcances antes de por el contrario favorecer su mayor expansión, afectándose con ello el principio de continuidad, que opera como un límite a la contratación laboral de tiempo determinado, especialmente de aquellos contratos en los que se utilizó la simulación o el fraude a fin de evadir la contratación laboral a tiempo indeterminado.

Por último, hace referencia a la invalidez del contrato CAS en el Décimo Primero Considerando:

A mayor abundamiento, La Corte Suprema de Justicia, en el II Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral, estableció en el punto 2.1.3, que existe invalidez de los contratos administrativos de servicios cuando se verifica que previa a la suscripción del contrato CAS, el locador se servicios tenia, en los hechos, una relación laboral de tiempo indeterminado encubierta, como en el presente caso

A continuación el texto íntegro de la Casación



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MODELO DE DEMANDA DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO

Se muestra cómo hacer una demanda civil de resolución de contrato con restablecimiento de prestaciones (Autor José María Pacori Cari)


A continuación la explicación en vídeo de este modelo





MODELO DE DEMANDA CIVIL DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO

José María Pacori Cari
Catedrático de Derecho de la UJCM

ÁREA: DERECHO CIVIL
LÍNEA: CONTRATOS

Se facilita un modelo de demanda civil de resolución de contrato, lo importante, consideramos, es pedir la resolución y la correspondiente restitución de las prestaciones, en los fundamentos de derecho encontrará las normas de derecho material que sustentan la realización de esta demanda (Autor José María Pacori Cari).

Modelo de demanda de resolución contractual

EXPEDIENTE                       :
SECRETARIO JUDICIAL   :
CUADERNO                         : PRINCIPAL
ESCRITO                              : 01-2018
SUMILLA                              : Demanda Civil de Resolución de Contrato

SEÑOR JUEZ ESPECIALIZADO EN LO CIVIL[1]

(Nombres y Apellidos del Demandante), con DNI (…), con domicilio real en (…), con domicilio procesal en (…), con domicilio electrónico en la casilla (…); a Ud., respetuosamente, digo:

I.- DE LOS DEMANDADOS Y SU DIRECCIÓN DOMICILIARIA

1.- (Indicar los nombres y apellidos del demandado más su dirección domiciliaria, necesariamente será el contratista o contratistas que incumplen con su prestación).
2.- (Indicar los nombres y apellidos del demandado más su dirección domiciliaria, necesariamente será el contratista o contratistas que incumplen con su prestación).

II.- PETITORIO
Como pretensión principal, interpongo demanda de resolución de contrato para que se declare la resolución del contrato de compraventa contenido en la minuta de fecha 05 de agosto de 2016 disponiéndose que la demandada restituya la posesión del bien materia de litis ubicado en (…) con una extensión superficial de (…), con el pago de costas y costos del proceso a cargo de la parte vencida[2].

III.- FUNDAMENTOS DE HECHO
1.- El demandante celebro un contrato de (…) con el Sr. (…) ahora demandado.
2.- Es del caso que pese a la existencia de plazos para cumplir con el contrato, el demandado a la fecha no cumple con su prestación consistente en (…).
3.- Por otro lado, mi persona ha cumplido con la prestación indicada en el contrato consistente en (…)

(Continuar indicando los hechos según el caso particular)

IV.- FUNDAMENTOS DE DERECHO
1.- El artículo 1371 del Código Civil establece que La resolución deja sin efecto un contrato válido por causal sobreviniente a su celebración.
2.- El artículo 1372 del Código Civil establece que La resolución se invoca judicial o extrajudicialmente. En ambos casos, los efectos de la sentencia se retrotraen al momento en que se produce la causal que la motiva. Por razón de la resolución, las partes deben restituirse las prestaciones en el estado en que se encontraran al momento indicado en el párrafo anterior, y si ello no fuera posible deben rembolsarse en dinero el valor que tenían en dicho momento.”
3.- El artículo 1351 del Código Civil establece que El contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial.

V.- MONTO DEL PETITORIO
Estando al pedido de resolución de contrato y la restitución de prestación, no es cuantificable en dinero.

VI.- MEDIOS PROBATORIOS
1.- Contrato de (…) con el objeto de acreditar la existencia de una relación contractual y prestaciones a resolverse.
2.- La declaración de parte del demandado Sr. (…) con el objeto de acreditar el incumplimiento de las prestaciones indicadas en el contrato.
3.- (indicar los medios de prueba que sean necesarios según su defensa, podrá ofrecer medios de prueba típicos o atípicos como los previstos en el Artículo  192 del Código Civil que indica que “Son medios de prueba típicos: 1.  La declaración de parte; 2. La declaración de testigos; 3. Los documentos; 4. La pericia; y 5. La inspección judicial.” Y los indicados en el Artículo  193 del Código Civil que indica “Los medios probatorios atípicos son aquellos no previstos en el Artículo 192 y están constituidos por auxilios técnicos o científicos que permitan lograr la finalidad de los medios probatorios. Los medios de prueba atípicos se actuarán y apreciarán por analogía con los medios típicos y con arreglo a lo que el Juez disponga.”)

VII.- ANEXOS
1-A Copia de mi Documento Nacional de Identidad (Ver Art. 425, inciso 1 del CPC)
1-B Copia certificada del acta de conciliación extrajudicial (Ver Art. 425, inciso 6 del CPC)
1-C Copia certificada del contrato de (…)
1-D (Los demás documentos que haya ofrecido como medios de prueba, recuerde que actualmente no se ofrecen pliegos interrogatorios ni de partes ni de testigos)

POR LO EXPUESTO:
A UD. pido admitir a trámite la presente demanda.

Arequipa, 12 de octubre del 2018

(Firma del demandante y del Abogado)



[1] Siendo que la norma procesal civil no indica una vía procedimental específica, será de aplicación el art. 475, inc. 1 del CPC que indica “Se tramitan en proceso de conocimiento, ante los Juzgados Civiles, los asuntos contenciosos que: 1) No tengan una vía procedimental (…)”.
[2] Si bien el petitorio se refiere a la resolución de un contrato de compraventa el mismo puede ser adecuado a otros contratos, el ejemplo sirve para ejemplificar un caso real de resolución de contrato que implicará la restitución de prestaciones.



11/10/18

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LA SUPLENCIA EN EL SECTOR PÚBLICO - JOSÉ MARÍA PACORI CARI

LA SUPLENCIA EN EL SECTOR PÚBLICO

En el presente artículo se analiza el contrato de suplencia temporal que excepcionalmente permite la legislación presupuestal, mostrando la suplencia desde los tres regímenes laborales que permite el ordenamiento jurídico peruano, y culmina revisando su desnaturalización, que podría generar estabilidad laboral para el servidor público (Autor José María Pacori Cari).




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